La incorporación de la estructura de seguridad pública a la Secretaría de Gobernación (SG) significó para esta dependencia agregar a su nómina 53 mil 125 trabajadores. Con ello, la ‘‘supersecretaría’’ del gabinete de Enrique Peña Nieto, responsable de la estrategia de seguridad pública y nacional, tiene ahora una plantilla laboral de 66 mil 644 servidores públicos.

Estos empleados están distribuidos en ocho áreas de primer nivel, como subsecretarías, Comisión Nacional de Seguridad (CNS) y oficialía mayor, así como 14 órganos desconcentrados y 55 unidades administrativas.

En lo particular, la CNS tiene 16 unidades y direcciones generales de lo que en el sexenio pasado fue la Secretaría de Seguridad Pública encabezada por Genaro García Luna, a la que se le otorgaron amplias partidas presupuestales para su expansión. Ahora, a las tareas de política interna (gobierno, enlace legislativo, relación con los medios, derechos humanos, así como de las áreas de población, migración y asuntos religiosos) se adicionaron las pautas de prevención del delito, Policía Federal y administración del sistema penitenciario.

Si bien los 66 mil 644 empleados de la SG se ubican en el nivel medio del tamaño de cada dependencia (Educación Pública es la más grande, seguida de Salud), las responsabilidades que se le dieron en esta administración la colocan como eje central en la toma de decisiones. También maneja un rango presupuestal de poco más de 62 mil millones de pesos.

La reforma a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, del 2 de abril de 2013, señala que la Secretaría de Gobernación tiene la facultad de ‘‘coordinar, por acuerdo del Presidente de la República, a los secretarios de Estado y demás funcionarios de la administración pública federal para garantizar el cumplimiento de las órdenes y acuerdos del titular del Ejecutivo Federal.

‘‘Para tal efecto, convocará, por acuerdo del Presidente de la República, a las reuniones de gabinete; acordará con los titulares de las secretarías de Estado, órganos desconcentrados y entidades paraestatales las acciones necesarias para dicho cumplimiento, y requerirá a los mismos los informes correspondientes’’.

Con base en lo anterior, las áreas de la ex SSP –que se duplicaron en términos administrativos– están ahora bajo un mando único de funcionarios de la SG.

Jorge Márquez, oficial mayor de la dependencia, dijo que esta unión se está operando sin sobresaltos y ‘‘en un clima armónico’’. Por ejemplo, en el caso de prevención del delito, si bien esta nominación está en varias instancias, cada una tiene sus objetivos, de ahí que no hay duplicidad de funciones, aseguró.

Sin embargo, un sector de trabajadores, tanto de esta dependencia como de toda la administración pública federal, tienen rezago salarial desde hace 13 años, porque fueron incluidos en un decreto de austeridad, de ahí que han quedado fuera de los beneficios de los empleados operativos o de base, así como de compensaciones que podrían tener, por ejemplo, altos funcionarios.

A este personal se le conoce como ‘‘enlace’’, pero también la astringencia salarial afecta a mandos medios; concederles un aumento no está en manos de Gobernación –aseveró el oficial mayor–, sino de la Cámara de Diputados en la definición del Presupuesto de Egresos de la Federación 2014.