nternecen los desesperados esfuerzos de la caduca clase política por aparentar que ahora sí se respetará la legalidad electoral. El addendum al Pacto por México mediante el cual los presidentes de PAN, PRI, PRD y el gobierno federal acuerdan cumplir con lo que ya señala la norma es igual de creíble que la promesa del alcohólico que todas las mañanas jura no volver a tomar o la del golpeador que de rodillas implora disculpas a su mujer después de cada golpiza. Las falsas promesas no sirven de nada a los ciudadanos, quienes tendrían que rechazar dignamente esta nueva muestra de cinismo político.

De acuerdo con la perversa lógica del addendum, de hoy en adelante ya no se necesitarán el Instituto Federal Electoral (IFE), el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, ni la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales, pues imperará el principio de la autorregulación por parte de los propios partidos. En lugar de que las instituciones electorales auspicien el estado de derecho, el lobo cuidará a las gallinas.

La gran aportación del addendum es la creación de una nueva y rimbombante Comisión Plural Nacional de Preservación del Entorno Político de Equidad de la Competencia (Cpnpepec) cuya misión será realizar los acuerdos que aseguren las condiciones de equidad en la competencia política. La estrambótica nueva comisión también dará seguimiento a las comisiones plurales equivalentes en las entidades federativas y será presidida por nadie menos que Miguel Ángel Osorio Chong.

Una vez más atestiguamos el retorno de las viejas formas de hacer política. Como antaño, se reincorpora el secretario de Gobernación como máximo arbitro en materia electoral. En lugar de ventilar futuras denuncias en los medios de comunicación o recurrir a las instancias judiciales, todo se arreglará en sigilo dentro del marco de la nueva comisión. Regresamos a la época de las concertacesiones de los tiempos de Carlos Salinas de Gortari, cuando el gobierno concedía algunas victorias a la oposición, en ese momento sobre todo se entregaban gubernaturas al PAN, a cambio de su apoyo a la agenda legislativa del PRI.

El addendum es mucho más que un simple acuerdo al margen del Pacto por México. Implica la transformación integral de esta instancia de un espacio originalmente diseñado para acordar leyes y políticas públicas a un foro para la negociación de puestos y resultados electorales. Encabezan la Cpnpepec y el Pacto por México exactamente las mismas personas: los presidentes de los tres partidos más grandes y el Ejecutivo federal. No hará falta siquiera convocar a una nueva reunión para pasar de la negociación legislativa directamente al reparto del botín electoral.

Tal como ha demostrado el filósofo francés Jacques Derrida, las anotaciones al margen muchas veces revelan el verdadero fondo de los posicionamientos públicos. El addendum constituye en realidad la esencia del Pacto por México.

No es ninguna coincidencia entonces que el texto del addendum no se digne en mencionar una sola vez a las instituciones electorales existentes. En efecto, estos organismos ya no tienen relevancia alguna para la clase política, porque ya han sido domesticados a tal extremo que no significan obstáculo alguno a las corruptelas e ilegalidades de los políticos. De acuerdo con el nuevo poder supremo de la nación llamado Pacto por México, es mejor acabar de una vez por todas con la fantasía de que exista una estricta regulación en materia electoral para abrazar la realidad de la ley de la selva y el control electoral desde Los Pinos.

Recordemos que el artículo 134 de la Constitución ya impone la obligación de que todos los funcionarios públicos del país deben aplicar con imparcialidad los recursos públicos que están bajo su responsabilidad, sin influir en la equidad de la competencia entre los partidos políticos. Asimismo, el artículo 407 del Código Penal Federal castiga con prisión de hasta nueve años al servidor público que “condicione la prestación de un servicio público, el cumplimiento de programas o la realización de obras públicas… a la emisión del sufragio en favor de un partido político o candidato”. Y el artículo 109 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales indica que es responsabilidad del Consejo General del IFE, vigilar el cumplimiento de las disposiciones constitucionales y legales en materia electoral.

Es cierto que falta aprobar una nueva ley que regule explícitamente las prohibiciones constitucionales respecto de la utilización electoral de recursos públicos. También se requiere de un nuevo ordenamiento sobre el uso político de la publicidad gubernamental para premiar y castigar a diferentes medios de comunicación, algo por cierto prometido por el propio Enrique Peña Nieto en innumerables ocasiones antes de su toma de posesión. Pero las ausencias en esta materia no se suplen con nuevas e ilegítimas instancias para la negociación de la aplicación de la ley, sino con un verdadero trabajo legislativo, una activa participación ciudadana y un decidido fortalecimiento al estado de derecho.

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