La cúpula empresarial, agroindustrial y financiera de Guatemala exigió hoy anular el juicio contra el ex dictador Efraín Ríos Montt porque, según un comunicado emitido ayer, no se ha demostrado la intencionalidad específica del Estado por exterminar a un grupo étnico en particular.

Santiago Molina, presidente del Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (CACIF), demandó que en las apelaciones del caso la Corte de Constitucionalidad contribuya a la gobernabilidad y un efectivo estado de derecho, anulando la sentencia.

Por su parte, el presidente de la Asociación de Azucareros de Guatemala (Asazgua) y directivo del CACIF, Marco Augusto García, opinó que el fallo condenatorio por genocidio fue por la presión internacional.

Abogados de la defensa del anciano militar se mostraron confiados en que podrán echar abajo la sentencia, en declaraciones a los diarios locales Prensa Libre y Siglo XXI. Anunciaron que tienen al menos 12 recursos pendientes de resolución. Pero debieron haber sido mil amparos por las ilegalidades que se cometieron, dijo uno de los juristas que representaron a Ríos Montt, Francisco Palomo. Lo que querían era ver preso al general ante la comunidad internacional para cobrar bastante dinero.

Palomo, quien desde el inicio del proceso fue parte del equipo de juristas defensores tanto del ex presidente de facto como del general José Mauricio Rodríguez, su ex jefe de inteligencia militar, renunció a representar a los acusados a dos días de iniciadas las audiencias públicas que presidió la juez Barrios, como parte de la estrategia para empantanar el juicio.

Palomo es además ministro de la Corte de Constitucionalidad y por años ha sido diputado por el partido FRG, fundado por Ríos Montt en 1989. El ex presidente de facto fue diputado, y gozó de fuero en esa posición durante dos décadas.

En defensa de su correligionario, el abogado aseguró que el general condenado por genocidio le ganó la guerra a la subversión y los personajes que manipularon el juicio representan a los comunistas internacionales. Es una venganza.

Por ello, adelantó que el equipo de juristas del que forma parte trabajará en las apelaciones pendientes. Vamos a seguir litigando los recursos que están en trámite porque cualquiera podría anular el juicio.

Por su parte, el abogado Francisco García Gudiel, que al iniciar el juicio fue expulsado de la sala por la juez Barrios y después fue restituido, dijo: confiamos en que la sentencia caerá por su propio peso porque es insostenible. En su opinión, los magistrados del tribunal A de alto riesgo, integrado también por Patricia Bustamante y Pablo Xitimul, tenían interés en buscar protagonismo.