Juchitán, Oaxaca, 10 de mayo.

El parque eólico Fuerza y Energía Bíi Hioxo (Viento fuerte en zapoteco) que la transnacional española Gas Natural Fenosa (GNF) pretende construir en 2 mil 50 hectáreas de este municipio, engulliría, además de tierras de riego aptas para la producción agrícola y ganadera, seis sitios prehispánicos sagrados del pueblo zapoteca (binnizá), sobre los cuales conquistadores hace más de cinco siglos colocaron cruces.

Ubicadas alrededor de la zona de la Laguna Superior, las capillas Chigue’ze’, Guelabe’ñe’, Guuzebenda, Guiigudxita, Guelaxhada’ y Santa Cruz 12 de mayo son sitios donde se colocan ofrendas a la tierra, al viento y al mar y se realizan peregrinaciones.

Los campesinos-pescadores binnizá de Juchitán que se oponen al proyecto de GNF dicen que si éste prosperara perderían también autosuficiencia alimentaria y se afectaría la pesca en la Laguna Superior por el lado de Playa Vicente.

Los binnizá decidieron cerrar el paso a la empresa GNF y declarar zona de reserva las tierras comunales de riego y de humedad que les quedan, debido a que no hay autoridad alguna que haga valer la legislación nacional e internacional que preserva sus derechos de pueblos indígenas, como establecen la Constitución nacional y la de Oaxaca, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y el convenio 169 de la OIT, que marca la obligatoriedad de hacer una consulta previa, libre e informada a los pueblos antes de ejecutar cualquier proyecto que afecte sus tierras.

Platón bajo sol quemante

Bajo un sol que derrite el asfalto, decenas de integrantes de la Asamblea Popular del Pueblo Juchiteco (APPJ) han mantenido desde el pasado 25 de febrero un bloqueo en la salida de esta ciudad hacia Playa Vicente, agencia de policía de Juchitán, a la orilla de la Laguna Superior, que con la Inferior y la del Mar Muerto, es parte de un sistema interconectado a orillas del golfo de Tehuantepec.

Por la carretera a Playa Vicente pueden pasar los pescadores, los campesinos y los paseantes que van a las palapas que hay a la orilla del mar, pero no los vehículos de las empresas eólicas; tampoco los de la cervecería Modelo. Sus sindicatos han exigido a la fuerza pública levantar el bloqueo.

Como GNF ha seguido trabajando tierra adentro, por el lado de la carretera a Unión Hidalgo, en el Encuentro de Pueblos en Resistencia por la Defensa del Territorio, realizado los días 4 y 5 de mayo pasados, se acordó impedir esas obras –en fecha que está por determinarse–, buscando que el gobierno oaxaqueño instale una mesa de negociación que obligue a GNF a liberar la zona lagunar y las tierras comunales, así como respetar las de los pequeños propietarios que se negaron a arrendar las suyas y por donde la transnacional española “quiere pasar a chaleco”.

En entrevista colectiva en la barricada, Carlos Sánchez, de Radio Totopo, y Raymundo Regalado, así como una decena de integrantes de la APPJ aseveraron que entre 2007 y 2011, con la lucha legal y mediante movilizaciones, lograron anular unos 200 contratos –cuyas cláusulas no conocieron, sino hasta después de que los firmaron–, rescatando unas mil 700 hectáreas que campesinos habían arrendado a GNF y a otras transnacionales españolas, como Preneal.

Ahora la lucha de la APPJ surgió porque el pasado 20 de febrero campesinos y pescadores denunciaron que les habían prohibido el paso a sus tierras, donde GNF había empezado a desmontar. Les dijeron que a partir de 2013 se les fijarán horarios de entrada y salida y deberán portar un gafete de la empresa. Sin embargo, los pescadores que no tienen tierra ya no tienen paso a la Laguna Superior.

Se convocó entonces a campesinos, pescadores y amas de casa, el 24 de febrero, y se dan cuenta de que el proyecto eólico, como otros en la región, está en parte de las 68 mil hectáreas de tierras comunales de Juchitán –con sus anexos–, sin que se cumplieran los requisitos de realizar una asamblea comunal y una consulta previa a la población.

El parque Piedra Larga, en Unión Hidalgo, Oaxaca, propiedad de la trasnacional DemexFoto Roberto García Ortiz

El gobierno oaxaqueño, en lo que ha sido la constante de una década en el trato respecto de la inconformidad contra los parques eólicos en el Istmo de Tehuantepec, pretendió desalojar este bloqueo el pasado 26 de marzo: 140 policías estatales, con gases lacrimógenos, toletes y disparos al aire intentaron dispersarlo, sin éxito.

Cientos de hombres y mujeres se defendieron con palos y piedras. El saldo fue de 32 policías estatales y 11 indígenas heridos, entre ellos el propio colaborador de Radio Totopo, que resultó con un brazo dislocado. Al día siguiente a este medio comunitario le saquearon el equipo. El bloqueo continuaba hasta el cierre de esta información.

Los entrevistados señalaron que los partidos políticos y la Coalición Obrero Campesina Estudiantil del Istmo, con su apoyo a los emprendimientos eólicos está evitando que las tierras del Istmo se cultiven. Citaron que en Unión Hidalgo, donde se hizo el parque Piedra Larga, de la transnacional Demex, no dejan pasar a la gente. Es mentira que la empresa permita que el campesino cultive sus tierras, no dejan que se riegue. Les dicen que cedieron sus tierras por 30 años. A los campesinos que están dentro del polígono y no les tocó aerogenerador sí pueden regar, a los que tienen aerogenerador no. Además, las áreas arrendadas quedan hipotecadas.

Aseveraron que quienes arrendaron sus propiedades en el paraje Tamarindo quieren un aumento, porque cada día sus tierras ganan 32 pesos (11 mil 680 al año), y si tuvieran su ganado sacan tres cubetas de leche, y de ahí sacan tres quesos de 80 pesos cada uno; y si son tres quesos grandes cada uno cuesta entre 110 y 120 pesos.

Otros ganaderos tienen que comprar paja para alimentar a sus reses porque no pueden regar.

No es posible, subrayaron, que se firme un contrato por 30 años, con renovación automática por otros 25 y que GNF pague por el apartado 150 pesos anuales por hectárea, como consta en los documentos que rubricó con su huella digital Celestino Bartolo Terán en 2007. A los cinco años hacen las obras y a los que les toquen aerogeneradores en sus tierras les van a dar uno y medio por ciento de la facturación de la electricidad que se produzca, pero repartido entre todos los propietarios que tienen aerogenerador. Y nadie sabe cuánto va a ser eso apuntaron.

Sabemos que nos enfrentamos a un animal grandísimo y al gobierno; que no quede en nosotros ayudar al despojo. Sabemos de 40 órdenes de aprehensión y denuncias ante los ministerios públicos de Matías Romero y de Juchitán, y hay amenazas de muerte contra varios de nosotros, apuntaron.

Amnistía Internacional y otras organizaciones de derechos humanos han solicitado medidas cautelares para quienes han recibido dichas amenazas.

Entre los entrevistados –quienes se manifestaron en zapoteco–, el propio Terán, Faustina López Martínez, Pedro Martínez Guerra y Juan López Ruiz contaron que aunque supuestamente lograron cancelar contratos con GNF, ahora la empresa empezó a hacer mediciones en sus terrenos y avisó que van a desmontar.

Por otra parte, quienes están en favor del proyecto eólico integraron la Asociación de Propietarios Eólicos de Juchitán AC, que dice aglutinar a unos 200 dueños de terrenos arrendados a GNF, de 576 en la lista de arrendatarios de esa empresa. Con integrantes de la Central de Trabajadores del Istmo, cercana al Partido de la Revolución Democrática, y unos 50 transportistas locales han realizado manifestaciones para exigir el desalojo del bloqueo del camino a Playa Vicente.

Aseguran que recibirán por su arrendamiento beneficios por encima de lo que percibían con labores agrícolas o ganaderas en sus terrenos y denunciaron ante el Ministerio Público presuntas agresiones de miembros de la APPJ contra ellos y sus familiares