El secretario del Trabajo y Previsión Social, Alfonso Navarrete Prida, y el gobernador de Coahuila, Rubén Moreira, se comprometieron a encontrar una solución a las demandas de familiares de las víctimas del accidente en Pasta de Conchos, que dejó 65 muertos, quienes aún exigen el rescate de 63 cuerpos.

En una reunión de información entre autoridades federales y estatales con los deudos de los mineros fallecidos, Navarrete Prida dijo que el caso Pasta de Conchos “no está cerrado, pero que será el resultado de un nuevo peritaje –el cual está en proceso–el que determine técnicamente la posibilidad de rescatar los cuerpos que aún siguen sepultados en el filón, sin poner en riesgo más vidas”.

Señaló que continúa el acuerdo de dar seguimiento a las gestiones de los familiares, así como mantener comunicación permanente de los avances de los trabajos técnicos que realiza la Procuraduría General de la República.

Reclamo justo: Moreira

Moreira dijo que se trata de un justo reclamo de los familiares y un derecho para darle sepultura a los mineros fallecidos en esa explosión, informó la STPS en un comunicado.

Es la primera vez en esta administración que los funcionarios involucrados en el sector emiten una posición de ese tipo. En el sexenio de Felipe Calderón, integrantes de su gabinete replicaron la versión de sus antecesores de que era imposible abrir la mina porque ello –dijeron hasta el último día de mandato– significaría un peligro mayúsculo por la acumulación de gas.

No obstante, se abrió una mesa de diálogo en la Secretaría de Gobernación, y su entonces titular, Francisco Blake, dijo que había posibilidades de avanzar hacia el rescate, aunque no pudo concluir este plan por su intempestiva muerte en 2011.

Los familiares y grupos civiles que pugnan por la exploración (Organización Familia Pasta de Conchos) no han cejado en su objetivo y, con base en estudios, demandan el rescate, para lo que han acudido a instancias internacionales, por lo que consideran una irresponsabilidad del Estado mexicano.

Esta organización ha documentado la precaria situación en que laboran los mineros de la región carbonífera de Coahuila y emiten alertas ante nuevos accidentes. También han denunciado el bajo nivel de inspección laboral en la zona.

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos elaboró el año pasado un informe en el que refrenda las condiciones ilegales en las que se realiza la explotación del carbón en la entidad.