El caso de los indígenas Juan García Cruz y Santiago Sánchez Silvestre –quienes fueron torturados para obligarlos a incriminarse como supuestos guerrilleros– podría convertirse en la séptima sentencia condenatoria de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) contra el Estado mexicano, lo cual demostraría la falta de opciones reales de procuración de justicia.

Así lo afirmó Silvano Cantú, abogado especialista en temas de derechos humanos, quien señaló que es posible evitar una nueva sentencia condenatoria si la administración de Enrique Peña Nieto se decide a romper la lógica de impunidad y adopta una visión garantista de las leyes, aun a costa de enfrentarse a sus propios compañeros de partido.

La llegada del caso a la CIDH es un mensaje muy importante, pues significa que este organismo encontró elementos suficientes para imputar alguna responsabilidad al Estado mexicano por la tortura, detención ilegal y violaciones procesales en contra de García Cruz y Sánchez Silvestre, indicó el especialista en charla con La Jornada.

Si este asunto llegó a la Comisión Interamericana y luego a la Corte, explicó Cantú, es porque el marco normativo para combatir la tortura en el país es totalmente inadecuado y su objetivo más bien es no castigar a nadie.

El hecho de haber puesto en libertad a ambos hombres apenas el 18 de abril pasado –luego de estar injustamente encarcelados por casi 16 años– puede leerse como un gesto de buena voluntad del actual gobierno, pero es totalmente insuficiente, por lo que la Corte debe fijar medidas de reparación de daño con los más altos estándares de derechos humanos, estimó.

Este tema servirá de examen para ver si las autoridades están sólo por la atención cosmética a las víctimas, aparentando que cumplen mediante una indemnización discrecional, o por un esquema garantista, donde se dé una justicia transicional que el PAN nunca llevó a cabo mientras estuvo en el poder, subrayó el abogado.

Aunque hay ciertas probabilidades de que el caso finalmente derive en una sentencia condenatoria contra el Estado mexicano, también es factible que ésta pueda evitarse si Peña Nieto se decide a proteger a las víctimas de manera integral y restaurar sus derechos.

“Vamos a ver si el gobierno pasa el test y si el ‘nuevo PRI’ que tanto enarbolan en el discurso es capaz de llevar a juicio al ‘viejo PRI’. Tendremos que comprobar si es capaz de distinguirse de él o si tiene las mismas prácticas”, enfatizó.