La Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) presentó una denuncia de hechos ante la Procuraduría General de la República (PGR) contra quien o quienes resulten responsables del percance ocurrido el martes pasado en la autopista México-Pachuca, cuando una pipa de gas licuado de petróleo (LP) estalló en San Pedro Xalostoc, estado de México.

En un comunicado, la SCT informó que pedirá a la PGR practicar todas las diligencias necesarias para la debida integración de la averiguación previa que por los hechos ilícitos se inicie (...), a través de la cual se deberá aplicar la sanción correspondiente y, en consecuencia, la reparación del daño a los afectados de estos lamentables hechos.

En el escrito, la SCT mencionó que la querella se fundamenta en los artículos 113, 116, 117, 118 y 119 del Código Federal de Procedimientos Penales, e indicó que el vehículo de doble remolque que llevaba el contenedor con combustible era conducido por un chofer de nombre Juan Omar Díaz Olivares.

Tras recordar que el saldo del percance hasta ahora es de 24 personas fallecidas y 29 lesionadas –además de los daños materiales–, la secretaría enfatizó que “el transporte de gas LP, por ser un material peligroso, altamente flamable (…) requiere permiso especial en la modalidad de carga especializada de materiales (…) lo cual implica una alta especialización para la conducción de este tipo de vehículos”.

De acuerdo con el reglamento de transporte terrestre de materiales y residuos peligrosos, abundó la SCT, el transportista y el destinatario deben determinar la ruta que presenten mejores condiciones de seguridad y deberán abstenerse de circular por áreas centrales de ciudades y poblados, por lo que utilizarán los libramientos periféricos cuando éstos existan.

Por lo anterior, y al considerar que del accidente podría derivarse algún ilícito, la SCT formuló la denuncia de hechos contra quien o quienes resulten responsables.

La PGR abre indagatoria por homicidio culposo y daños

La PGR atrajo la investigación por el accidente de la pipa de gas que explotó el martes en San Pedro Xalostoc, Ecatepec, con la finalidad de indagar si además del chofer hay otros presuntos responsables, por acción u omisión, en los delitos de daño en propiedad ajena, homicidio culposo y afectación a las vías federales de comunicación, más los que resulten, informaron fuentes de la dependencia.

La pesquisa se centra en analizar las condiciones del tractocamión que transportaba el combustible, y también se revisará si hay directivos de la empresa gasera, funcionarios de la SCT, del gobierno del estado de México o de cualquier otra instancia que tengan responsabilidad en los hechos, por haber omitido el cumplimiento de alguna norma.

A partir de este jueves, la Procuraduría General de Justicia del Estado de México sólo coadyuvará en las pesquisas, añadieron las fuentes consultadas.

Los abogados Jesús Alberto Guerrero Rojas y Eduardo Miranda Esquivel, especialistas en derecho penal, administrativo y laboral, dijeron en entrevista con La Jornada publicada en la edición de ayer, que en este accidente la responsabilidad penal no sólo es de la empresa gasera y del chofer que conducía la pipa, sino también de servidores públicos federales y estatales que incumplieron con diversos ordenamientos de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransportes Federal (Lcpaf).

Por ejemplo, expuso Guerrero Rojas, la tragedia se habría evitado si las autoridades hubieran tomado las debidas precauciones que señala la ley al momento de haber ordenado la ampliación de la autopista donde ocurrieron los hechos.

El jurista refirió que el artículo segundo, fracción III, de la Lcpaf refiere que el espacio mínimo que debe existir entre la autopista y un primer asentamiento humano es de 20 metros, mientras en el tramo de la vía México-Pachuca donde ocurrió el accidente sólo hay cerca de tres metros.

Sostuvo que la explosión de la pipa en el kilómetro 14 de la autopista México-Pachuca tuvo efectos letales y alcances de tragedia por la irresponsabilidad, negligencia y corrupción de funcionarios públicos federales y mexiquenses.

Añadió que existen normas nacionales e internacionales que prevén estos accidentes y disponen el espacio mínimo que debe existir entre una autopista y un asentamiento humano, y en algunos casos los tratados internacionales refieren que la distancia debe ser de 30 metros.