Todo es negociable para evitar problemas con las empresas eólicas que se están instalando en el país, afirmó el presidente de la Asociación Mexicana de la Industria Eólica (AMDEE), Adrián Escofet Cedeño, convencido del beneficio que representa para el desarrollo nacional el impulso a esa energía.

En entrevista, estimó que los medios no informan adecuadamente sobre la industria eólica, al no revelar la importancia de su inversión y desarrollo, y dijo que no puede centrarse la atención sólo en los supuestos problemas que ha enfrentado la empresa Mareña Renovables en San Dionisio del Mar, cuando hay 17 parques eólicos en operación en Oaxaca y otros en desarrollo.

Escofet apuntó que hace 10 años prácticamente no había ningún proyecto eólico de relevancia, y hoy hay casi mil 500 megavatios en operación, quizá 5 por ciento de la capacidad eléctrica instalada del país.

Para 2016 habrá instalados en México entre 5 mil y 6 mil megavatios eólicos, lo que representará una inversión de unos 15 mil millones de dólares; la meta es llegar a 12 mil megavatios en 2020, sobre todo en Oaxaca, Chiapas y el norte y centro del país, indicó.

Esta industria no agrede ni al ambiente ni a la tierra, es una fuente de ingresos adicionales a los dueños de la tierra y les permite seguir utilizándola como lo venían haciendo, aseveró.

Sobre la acusación de algunas organizaciones de que hay empresas eólicas que contratan a golpeadores para imponer sus proyectos, contestó: “eso es mentira, que alguien lo demuestre, es muy fácil hablar sin pruebas... los golpeados, el herido que está gravísimo –un policía– y el muerto que hubo desafortunadamente hace un par de años, no son las empresas, son gente de Juchitán o de la zona del Istmo contra gente de la misma zona o gente de fuera. En ningún caso son las empresas, es la población contra la población, que eso es lo grave y lo dramático”.

Treinta proyectos

Hijo de un ex director de la CFE, Escofet, ingeniero civil por la UNAM, es director ejecutivo de la empresa Zapoteca de Energía, que desarrolla un parque eólico en la zona de Juchitán, Oaxaca, para generar 70 megavatios.

Aquí, un extracto de la entrevista con Escofet:

–¿Por qué dice supuestos problemas en Oaxaca? En Demex hay propietarios que han estado pidiendo la anulación de sus contratos... Hace dos años hubo un muerto en uno de los volanteos que llegó un grupo de choque... También hay problemas con Gas Natural Fenosa (GNF) en Juchitán.

–Sin tratar de minimizar el conflicto que sí existe hoy con un proyecto en particular, hay que dimensionar la problemática, porque si no, solamente se habla de la problemática y no de todos los casos que han sido de éxito. Hablamos del orden de 30 proyectos.

El proyecto de GNF aparentemente ya llegaron a un acuerdo con los propietarios (aunque hasta el cierre de esta información se mantenía, desde el 25 de febrero, un plantón de protesta en Juchitán en demanda de la cancelación de ese proyecto). En realidad la resistencia al proyecto no son los propietarios de los terrenos, hay grupos que mantienen sus propias agendas.

–¿Usted sabe cuánto se le paga a un propietario español por (el apartado de) una hectárea de tierra?

–Lo mismo que estamos pagando en México.

–¿Ciento cincuenta pesos por hectárea al año?

–Nadie paga 150 por hectárea; es una mentira... No hay ni un contrato hoy vigente en 2013 en el istmo (de Tehuantepec) que pague 150 pesos por hectárea. En nuestro caso, estamos pagando mil pesos por hectárea al año, y por ahí andan todos... el mercado se ha ido ajustando y hoy está a nivel de lo que se paga a escala mundial.

–Yo he visto contratos de pagos de 150 pesos por hectárea.

–¿De qué año y de que empresa?

–Preneal...

–Que ahora es Mareña. Ese caso es diferente. No podemos centrar el tema de la industria eólica en Oaxaca, que es por mucho la inversión más importante que ha tenido el estado en su historia... en un solo sector...

Usted me decía el tema de Mareña de las protestas que hay en términos generales; una es que son contraprestaciones muy bajas; eso estoy seguro, porque lo hemos vivido todos los desarrolladores, se puede negociar... el otro tema es el de si el proyecto provoca situaciones en contra de la pesca; lo que sí sabemos es que el proyecto de Mareña tiene una autorización de Semarnat para su construcción y lograr una autorización de Semarnat no es cosa fácil.

–¿Hay algo más atrás todavía, que es la cuestión de la consulta previa que establece el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo en los casos de tierras comunales o ejidales propiedad de indígenas?

–La Semarnat hace consultas, pone a disposición de todo mundo, lo publica... para ver si hay alguien que tenga algo que comentar al respecto. Por otro lado, todas las empresas han negociado... con los propietarios, y para ello les explica cuál es el proyecto, cuál es la intención, etcétera, y eso es una consulta pública directa con los interesados.

–Pero no con los mecanismos que establece el convenio 169, porque Semarnat lo sube a Internet y muchos pueblos indígenas no tienen Internet.

–¿Cuál es el mecanismo del convenio 169?

–La consulta tendría que ser a través de sus propios mecanismos, de sus propias autoridades; digamos la asamblea comunitaria y convocando a toda la población que sería afectada.

–Eso se hace porque de ahí resultan las firmas de los contratos con cada uno de ellos. Su servidor ha estado reunido en varias ocasiones con 140 propietarios que tenemos en nuestro polígono... se les convoca con anticipación, todos tienen derecho a hablar... se les explica de la mejor manera posible y me consta que la gran mayoría de las empresas así lo ha hecho.

En México es mejor

–Los contratos que yo vi que eran de Demex, Preneal-Mareña y Unión Fenosa, dicen que va a haber una derrama de 1.4 a 1.5 por ciento trimestralmente de los ingresos brutos por la venta de la energía. Me dicen que en varias partes del mundo están pagando hasta 10 por ciento, y que en países como Dinamarca o Japón incluso son socios de la empresa hasta 20 por ciento.

–En México el tema es todavía mejor... eso ha ido cambiando y actualmente durante la operación son pagos fijos... por afectación real a los terrenos en donde hay caminos, plataformas, una bodega, por metro cuadrado, y se paga dinero por cada aerogenerador, son cuotas fijas... ya no es porcentaje... los propietarios de los terrenos equivale a que fueran socios en 20 o 30 por ciento del parque pero, a diferencia de los socios, ellos cobran siempre, independientemente de si se genera electricidad o no.

–Otra cosa: en la barra de Santa Teresa hay por lo menos tres sitios sagrados que los huaves no quieren que se toquen.

–Pues que no los toquen, pero a ver, eso no está contemplado en la manifestación de impacto ambiental.

–No, pero está contemplado en el convenio 169, que es ley en México.

–¿Y no lo contemplaron las autoridades cuando firmaron los contratos? Pero, insisto, todo eso es negociable. Si hay una zona de restricción por un tema de una tradición religiosa, de lugares sagrados, etcétera, no creo que haya ninguna empresa, ninguna, de las que estamos en el sector eólico, que no reconozca que eso es intocable.

–¿Hay quien piensa que no es justo que la empresa se quede con todo el importe de los bonos verdes, que algo debe tocarle también a los propietarios de las tierras.

–En cualquier actividad económica gana más el que pone más... Si usted renta un terreno para un taller mecánico y le cobran de renta equis pesos por día y tiene dos coches para arreglar al día y después ya tiene 40 autos al día, el dueño no le va a subir la renta porque ya pactó y negoció de buena fe; bueno, es el mismo caso, vamos a pactar lo que es la renta en una justipreciación y ya.