n varios artículos anteriores he señalado que existe en el mundo entero un debate sobre la cobertura universal en salud y sobre el modelo institucional más exitoso para lograr el acceso oportuno a los servicios de salud necesarios y de calidad. Esta disputa no sólo se da entre académicos y políticos, sino que ha sacado a millones de personas a la calle, particularmente en España, donde hay una lucha intensa por preservar el sistema público contra de la pretensión del gobierno de derecha de restringir el derecho a la salud y privatizar los servicios. Este debate no es ajeno a México, ya que Peña Nieto afirmó (y firmó) durante su campaña que hará una profunda reforma para garantizar la seguridad social universal
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En este contexto el Congreso de la Unión organizó la Semana Nacional de Seguridad Social (SNSS) del 22 al 26 de abril. Ésta tenía la potencialidad de constituirse en el gran foro del debate nacional, pero recibió muy poca cobertura de los medios. En cambio la propuesta de que los empresarios paguen la cuota sobre la misma base que el ISR causó gran interés. Finalmente se calculó que este cambio dará al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) un ingreso extra de 3 mil millones al año que no resuelve ningún problema, ya que el déficit en el seguro de enfermedad y maternidad es del orden de 50 mil millones de pesos según el propio IMSS. A todas luces es sólo una reforma emergente hasta que se presente la definitiva.
La primera sesión de la SNSS era la oportunidad para que las máximas autoridades del IMSS y del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) presentaran su concepción del proceso de alcanzar la seguridad social universal
. Sin embargo, sólo dieron datos generales de los institutos y no expusieron ni siquiera a grandes rasgos en qué consistiría la reforma para la universalización del seguro social. A la pregunta expresa sobre con qué Paquete de Servicios se pretende universalizar el seguro de salud, el director del IMSS respondió que es complejo y que habría que fortalecer la portabilidad de los seguros, pero no señaló cuáles. El director del ISSSTE sólo expresó que habría que lograr la portabilidad y fortalecer la infraestructura. O sea, el contenido de la reforma definitiva siguió siendo un enigma.
No estuvieron presentes la secretaria de Salud o el titular de la Comisión Nacional de Protección Social en Salud (Seguro Popular), lo que es llamativo en vista de que deberían tener bajo su tutela una parte importante de la población asegurada. Aunque la secretaria de Salud no haya planteado formalmente en qué consistiría la próxima reforma se puede suponer que es la que Funsalud presentó en 2012 en el documento Universalidad de los servicios de salud, que ella coordinó siendo presidenta ejecutiva de este organismo privado, cuya primera referencia bibliográfica es el libro de campaña de Peña Nieto.
Esta propuesta consiste en un nuevo modelo organizativo del sistema de salud con cuatro funciones: la rectoría a cargo de la Secretaría de Salud (Ssa); el financiamiento a través de un fondo único de salud; la articulación, consistente en la gestión del financiamiento y la prestación, a cargo de instituciones públicas y privadas, y la prestación de servicios a cargo de unidades médicas, públicas y privadas.
La Ssa incrementaría mucho su rectoría con la recentralización del sistema de salud y la subordinación de los institutos de seguro social. El fondo único de salud se establecería con recursos públicos, recaudados a través de nuevos impuestos etiquetados para salud, destacadamente un incremento del regresivo IVA, y la disminución de la contribución patronal a los institutos de seguridad social. La nueva función de articulación
entre el fondo de salud y la prestación de servicios puede ser realizada por aseguradores privados o públicos. A ellos les tocaría organizar la prestación de los servicios, constituyendo redes de prestadores público y privados y utilizando la asociación público-privada para la construcción de infraestructura, abasto de insumos y medicamentos. O sea, es un paso definitivo en la privatización del sistema de salud. Incluso el documento dice: La universalidad habrá de contar con la valiosa participación del sector privado
. Queda además claro que el Paquete de Servicios Garantizado sería restringido y se necesitaría contratar un seguro con la aseguradora articuladora
para cubrir el resto de los servicios.
Aunque la SNSS no sacó en claro cuál es la propuesta de reforma, reveló que la pugna entre los institutos de seguro social y la SSa está en marcha y todavía no se resuelve.
