La Secretaría de Comunicaciones y Transportes ha eludido su responsabilidad como un órgano del Estado mexicano en la crisis a la que llegó Mexicana de Aviación desde que no vigiló la concesión otorgada, al permitir la venta ilegal de acciones y luego al ocultarse tras el discurso de que el caso está en manos del juzgado y que es respetuosa de sus decisiones, afirmó el abogado de los trabajadores de tierra, Joaquín Ortega Esquivel, al señalar que el cese de operaciones al que se refirió el secretario Gerardo Ruiz Esparza no debió ser permitido por la propia SCT.

Por separado la juez federal Edith Alarcón, rectora del concurso mercantil de Mexicana de Aviación, desechó por segunda ocasión en este año, la propuesta de Iván Barona, representante de BF Internacional Minning Traders, para que ese grupo financiero fuera considerado potencial inversionista para el rescate de la aerolínea.

Ayer la juzgadora notificó a Barona que llegó a la conclusión de que deviene notoriamente frívola improcedente la solicitud del hoy promovente (Iván Barona).

En un acuerdo Edith Alarcón explicó que el 11 de abril pasado, la empresa Uni-Battery and Solar Power, por conducto de José Enrique Pérez Rodríguez, en su calidad de asociado, junto con Barona, acordaron ejercer diversos proyectos de inversión a través de una carta de crédito verificable por 500 millones de euros. De esos recursos, abundó, 300 millones de euros serían destinados para financiar el reinicio de operaciones de Compañía Mexicana de Aviación y sus filiales.

La juez respondió que en cuanto a la solicitud formulada, dígasele que no ha lugar a proveer de conformidad, en atención a que con apego a la denominada convocatoria abierta (...) por lo que suponer lo contrario atentaría contra la congruencia con que este juzgado federal dicta sus determinaciones y por ende, impactaría contra la seguridad jurídica de las parte, precisó.

La existencia de un inversionista viable sigue sin conocerse debido a que la juez no se ha pronunciado sobre si Fides o Medatlántica cubren los requisitos. El conciliador Gerardo Badín dijo que con los convenios concursales de Click y Mexicana que ya se exhiben en el juzgado, Alarcón puede ofrecer la garantía a los inversionistas de que las empresas están reestructuradas.

Mientras corren los tiempos legales en el juzgado decimoprimero de distrito en materia civil, la SCT no ofrece ninguna alternativa a los trabajadores de Mexicana, al contrario busca llevar a la quiebra a la aerolínea, repartir su patrimonio entre las que ahora dominan el mercado, ofrecerle a un grupo de trabajadores “una limosna de rutas y slots”, alertó el abogado Ortega Esquivel.

Al analizar la respuesta del funcionario en la que señala que el momento en que el gobierno federal pudo ayudar a Mexicana fue antes del cese de operaciones, y que al parar crecieron los pasivos, Ortega señaló que la SCT debió impedir la venta de acciones a Tenedora K con base en el artículo 244 de la Ley de Concurso Mercantiles donde dice que al involucrarse una concesión la autoridad concedente debe verificar que el comprador cumpla con los requisitos para ofrecer el servicio.

Destacó que si la SCT como parte del gobierno federal en verdad quisiera ayudar a los 8 mil 500 trabajadores que dependen de Mexicana de Aviación, aprobaría la propuesta de que se constituyan en una cooperativa, y volver a volar basados en un plan ejecutivo viable que el gobierno conoce pero que se niega a respaldar.