l pasado jueves 2 de mayo, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), entregó a la Secretaría de Go­bernación un documento titulado Hacia la educación que necesitamos los mexicanos (http://cnteseccion9.wordpress.com/). Allí, en seis apretadas cuartillas, se resumen tanto sus razones para oponerse a la reforma educativa en curso como su propuesta pedagógica.

El proyecto alternativo del magisterio democrático expresa el sentir de cientos de miles de docentes de todo el país, sobre todo de los provenientes de los estados con mayor pobreza, marginación y violencia. También de aquellos que laboran en las orillas de los grandes centros urbanos, muy lejos de los enclaves de prosperidad. Ellos atienden a una parte muy importante de la población que no tiene al español como primera lengua, a hijos de familias partidas por la migración y a pequeños de poblaciones rurales ajenas a cualquier bienestar material.

Hacia la educación que necesitamos los mexicanos es un programa de enseñanza elaborado a partir de las raíces sociales profundas de los profesores democráticos y de su compromiso con el país. Un texto surgido de su presencia como maestros –y a menudo como líderes cívicos y sociales– en comunidades (muchas de ellas indígenas), pueblos y ciudades de todo el país. Ellos conocen, mejor que cualquier autoridad gubernamental, muchas de las partes más problemáticas de la nación. Son testigos directos de la incapacidad del Estado para dar una educación digna a niños y jóvenes. Desde hace décadas, se han encargado, en condiciones verdaderamente difíciles, con muy pocos recursos y grandes carencias, de formar a estudiantes que con frecuencia llegan a las aulas sin probar bocado, presionados para dejar la escuela a la brevedad.

Su propuesta educativa surgió de multitud de foros, talleres, reuniones, seminarios y encuentros pedagógicos efectuados a lo largo de más de tres décadas. Es una síntesis de una diversidad de experiencias prácticas conscientemente ignoradas o desconocidas por los funcionarios educativos. Allí se resumen propuestas como el Plan alternativo para la transformación de la educación en Oaxaca (PTEO), el movimiento pedagógico José María Morelos y Pavón de Michoacán, las escuelas altamiranistas de Guerrero y muchos otros proyectos más elaborados en escuelas o regiones escolares de distintas entidades.

En el documento los maestros ratifican su rechazo a la reforma educativa, porque lo único que ofrece es que habrá más exámenes estandarizados y todo un aparato de supervisión y vigilancia sobre niñas y niños, maestros y escuelas. Porque no es una reforma que retome las grandes carencias y les ofrezca una respuesta más allá de medir, vigilar, estimular y castigar. Por el contrario, se trata de una norma persecutoria que amenaza con despedir a miles de maestros y con seguir descalificando como insuficientes a millones de niños. Es una legislación centralista, atentatoria de la pluriculturalidad y multietnicidad de la nación. Se trata de una reforma acordada vertical y autoritariamente, sin una discusión nacional, al margen de quienes deben llevarla a cabo: los maestros de banquillo.

Hacia la educación que necesitamos los mexicanos propone una verdadera transformación de la enseñanza basada en una educación humanista que sustituya los valores del mercado por la práctica de valores universales; que recupere y coloque en primer plano el respeto y la ampliación del derecho humano a la educación, el fortalecimiento de la educación pública y un proceso educativo sólidamente arraigado en las necesidades del desarrollo de las personas y de sus comunidades y regiones.

Advierte el grave problema de la desigualdad en la enseñanza que existe en el país. Para enfrentarlo, propone aprobar el gasto de 12 por ciento del PIB para la educación a fin de garantizar la ampliación de la infraestructura en educación en todos los niveles, equipamiento y número de maestros. En 2013 se le asignó apenas 567 mil 379 millones de pesos, equivalente a 3.78 por ciento del PIB.

Los maestros democráticos exigen que todos los centros escolares del país cuenten con las condiciones óptimas materiales y humanas para desarrollar su labor. Demandan, además, de la actualización de docentes que se encuentran en servicio en todos los niveles. Sostienen que se necesita de un sistema nacional de bibliotecas presenciales y virtuales y acabar con el analfabetismo.

La CNTE no se opone a la evaluación, sino que propone una distinta, de abajo arriba. Una evaluación horizontal realizada desde las propias escuelas y comunidades, desarrollada como un ejercicio dialógico (basado en el diálogo y razonamiento) a nivel de cada zona, región y entidad federativa. Una evaluación que, al mismo tiempo que describe los problemas, analiza los factores que los causan, los remedios que pueden darse y recoge las experiencias exitosas de maestros y escuelas para mejorar la educación.

Propone que en cada escuela se forme un consejo de evaluación electo por la comunidad, que considere diversos elementos como las condiciones materiales del plantel, el trabajo docente, la carga administrativa, asistencia regular de alumnos, aprovechamiento académico, desempeño de las autoridades educativas. Este modelo debe reproducirse a escala estatal.

Los maestros democráticos sostienen que se requiere refundar las escuelas normales para fortalecer su misión histórica. El normalismo –afirman– debe defenderse y fortalecerse. Demandan la asignación de la plaza automática para todos los egresados de las escuelas normales públicas, quienes fueron acreditados por una institución formadora reconocida oficialmente y cuentan con el perfil y el derecho correspondiente.

La CNTE demanda cambios constitucionales y legales que al tiempo que establecen los grandes propósitos de la educación y sus condiciones mínimas, crean un marco donde las regiones del país puedan expresar y responder a sus necesidades en el entorno del federalismo y una sola nación y también una sola, pero diversa, educación. Su propuesta nace de lo profundo de una parte muy amplia del México profundo.