Hoy entran en vigor las reformas a la Ley General de Víctimas, norma que incluye un registro nacional de las personas afectadas por delitos, así como un marco para la reparación integral del daño, con pago de indemnizaciones.

El Congreso de la Unión, las legislaturas locales y la Asamblea Legislativa del Distrito Federal tendrán un año, contado a partir de este sábado, para realizar los cambios que correspondan a sus leyes. Lo mismo deberán hacer todas las autoridades de los distintos órdenes de gobierno.

El decreto fue firmado este jueves 2 de mayo por el presidente Enrique Peña Nieto y el titular de la Secretaría de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, para dar cumplimiento al proceso constitucional, derivado de las reformas en esta materia aprobadas por el Congreso de la Unión el pasado 16 de abril.

El texto incluye también cambios al Código Federal de Procedimientos Penales, a fin de que una parte de los recursos de los decomisos a las bandas delictivas sean canalizados para el fondo de reparación del daño.

La nueva ley incluye la definición de víctimas potenciales, que extiende la protección a los defensores de las víctimas.

El objetivo de la ley es reconocer y garantizar los derechos de las víctimas del delito y de violaciones a las garantías fundamentales, en especial el derecho a la asistencia, protección, atención, verdad, justicia, reparación integral, debida diligencia y todos los demás derechos consagrados en la Constitución, en los tratados internacionales y demás instrumentos de derechos humanos.

En el decreto se señala el derecho de acceso a la justicia y los derechos de las víctimas en el proceso penal; también se define el derecho a la verdad, a la reparación integral y medidas de ayuda inmediata, tanto en materia de protección como de asistencia jurídica.

En cuanto a las medidas de reparación integral, la nueva norma dice que se debe restituir a las víctimas sus derechos conculcados, así como de sus bienes y propiedades. También prevé modos de rehabilitación y medidas de compensación, satisfacción y de no repetición.

Asimismo, define la existencia de un Sistema Nacional de Atención a Víctimas que contará con una comisión ejecutiva federal.

Como se ha difundido, a partir de la construcción y entrada en vigor del reglamento de la Ley General de Víctimas se definirán las funciones de cada instancia que actualmente atiende a los afectados por el crimen. Es por ello que se someterá a consideración la ampliación o reducción y desaparición de organismos, incluso como la Procuraduría de Atención a Víctimas (Províctima), creada en el último tramo del sexenio calderonista (La Jornada 2/5/2013).