a noche del 24 de abril, en el poblado Bachajón, municipio de Chilón, en la zona norte de Chiapas, ejecutaron en su domicilio a Juan Vázquez Guzmán, indígena tzeltal, de 32 años, defensor de derechos humanos, adherente a la Sexta Declaración de la Selva Lacandona del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) del ejido San Sebastián Bachajón. Entre sus hermanos y hermanas, él era el Bankil (hermano mayor, en lengua tzeltal). Padre de dos pequeños niños, trabajaba en la milpa y en el cafetal en compañía de su papá. Su palabra tenía fuerza, su mirada y corazón estaban limpios de cualquier miedo a la adversidad por la defensa de su pueblo y territorio. Su sonrisa y sentido del humor contagiaba. Su entrega a la lucha por una vida digna y autónoma para su pueblo la sostuvo hasta su muerte.

Durante y después de concluido su cargo como secretario general de los Adherentes a la Sexta de los tres centros de población que conforman el ejido –Alan Sajcun, Chi´ch y Bachajón–, Juan siempre se destacó por su participación en la defensa del territorio y en la lucha por la liberación de los presos políticos. En diferentes foros y comunicados denunció la violencia social y política en el ejido, generada por el gobierno para debilitar a su organización y consumar el despojo de las tierras para la implementación de un proyecto ecoturístico de clase mundial.

El 2 de febrero de 2011, la represión se recrudeció en San Sebastián Bachajón. De acuerdo con las denuncias públicas de Juan, los adherentes a la Sexta fueron desalojados de la caseta de cobro por un grupo de civiles armados encabezados por Carmen Aguilar Gómez Primero y financiados por el entonces presidente estatal de la Fundación Chiapas Verde, Leonardo Guirao Aguilar, hoy presidente municipal de Chilón. El 3 de febrero, 117 ejidatarios de la Sexta fueron privados arbitrariamente de la libertad, como medida de presión para que entregaran las tierras ejidales de uso común que ya habían sido comprometidas por el comisariado ejidal oficialista en ese entonces, Francisco Guzmán Jiménez (alias Goyito). Los compañeros no se doblegaron y decidieron emprender la defensa legal de su territorio a través de la interposición del juicio de amparo 274/2011 ante el juez séptimo de distrito en Tuxtla Gutiérrez en marzo de 2011. Vázquez Guzmán dio puntual seguimiento a este juicio y denunció la falta de imparcialidad e independencia de ese órgano jurisdiccional, desde la admisión hasta la sentencia definitiva que declaró improcedente la demanda después de dos años de trámite. Actualmente, se encuentra en curso el Amparo en Revisión 118/2013 ante el Tercer Tribunal Colegiado en Tuxtla Gutiérrez.

Gracias a la solidaridad nacional e internacional, en julio de 2011 todos los presos políticos de Bachajón recluidos en Playas de Catazajá recuperaron su libertad. A finales de ese año, de manera selectiva detuvieron y torturaron a dos miembros activos de la organización, Antonio Estrada Estrada y Miguel Vázquez Deara, recluidos hasta la fecha en Playas de Catazajá y Ocosingo, respectivamente, imputándoles delitos fabricados de robo con violencia y delincuencia organizada. Juan también fue detenido sin orden de aprehensión la noche del 24 de diciembre de 2011, y pudo percatarse que Francisco Guzmán Jiménez estaba en la cárcel dando seguimiento a su detención. Fue liberado horas después sin documento legal alguno.

El 19 de junio de 2012, los ejidatarios de la Sexta intentaron recuperar el control de la superficie ejidal despojada, pero fueron desalojados por más de 800 policías; de acuerdo con las constancias del juicio de amparo 274/2011, ello se justificó con las medidas precautorias CEDH/VGOCO/MP/19/2012 emitidas por el Consejo Estatal de los Derechos Humanos (CEDH) a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana a petición de Francisco Guzmán Jiménez. Ante esto, Juan denunció en diversos momentos la complicidad del CEDH con el gobernador Juan Sabines Guerrero para garantizar el despojo simulando un establecimiento del orden, en cumplimiento de una medida precautoria y presionando a su organización a suscribir los acuerdos de la Mesa de Diálogo y Concertación para la Paz, lo que implicaba consentir la entrega definitiva de las tierras al gobierno a cambio de la liberación de los presos.

En este contexto luchó. La inoperancia del Poder Judicial de la Federación y la intervención de los tres niveles de gobierno para apropiarse de tierras y recursos naturales de este pueblo originario por medio de la violencia y la corrupción, en total inobservancia de los derechos de los pueblos indígenas, generaron las condiciones para su ejecución impune, un verdadero crimen de Estado.

Su ejemplo de vida es fuente de inspiración para sus compañeros y para quienes lo conocimos y caminamos junto a él. Bayel Jokolawal, compañero Juan.

*Abogado litigante y defensor de derechos humanos

Twitter: @defensalegalsur

http://defensalegalsureste.wordpress.com/