l artículo tercero de la Constitución indica de manera clara y terminante que en nuestro país, la educación básica es un derecho para todos los niños mexicanos, señalando que ella debe ser obligatoria, gratuita, laica, es decir, exenta de toda enseñanza de carácter religioso y ser proporcionada obligatoriamente por el gobierno de la república.
Ello se refiere a la educación básica, es decir la educación primaria y secundaria, aunque en tiempos recientes, para adecuarse a las necesidades de la población se ha estado ampliando a la educación llamada prescolar para los niños pequeños. Desde luego, el artículo, como muchos otros, es letra muerta en la realidad, por varias razones conocidas y cuestionables todas ellas.
En días pasados, en la columna de Enrique Galván, admirable columnista y analista de nuestro diario, se ha estado ventilando un punto relacionado con este tema, y de la mayor trascendencia para nuestro país, como todo lo que tiene que ver con la educación. La discusión está centrada en torno a las cuotas escolares, que en muchos planteles se vienen cobrando de tiempo atrás por varias razones, o pretextos según lo quiera uno ver.
Por un lado está la opinión de muchos padres de familia que se quejan de que esas cuotas son un abuso y se utilizan de manera incorrecta por los directivos de las escuelas para su beneficio personal. Me llamó la atención la respuesta del director de una escuela en Huatusco, Veracruz, que defiende las cuotas con argumentos que me parecen además de sensatos y totalmente realistas muy valientes, aunque ciertamente en desacuerdo con lo indicado por la Constitución. Lo que él indica es que esas cuotas son absolutamente necesarias, porque es con ellas con lo que se pueden mantener limpios los sanitarios y las instalaciones de las escuelas, así como comprar los materiales de consumo necesarios para su buen funcionamiento, incluyendo también en algunos casos, el pago de algún personal con el que las escuelas no cuentan.
De lo que este director está hablando es de un problema real, porque los recursos que debieran dedicarse a estos fines no llegan a las escuelas con mucha frecuencia, siendo desviados a otros menesteres que incluso nada tienen que ver con la educación y si bien, existen controles para que ello no suceda, las cadenas de distribución de esos materiales tienen muchos eslabones donde son desviados, por una razón o por otra, ello es un problema bastante generalizado en muchas entidades del país, incluyendo ciertamente a Veracruz. Para un director comprometido en dar un servicio digno y de buena calidad a sus profesores y estudiantes, la única opción real con la que cuenta es buscar el apoyo de los padres de familia.
En los comentarios al contenido de la columna, otro maestro lo objeta diciéndole al director que en lugar de hacer eso, él como director se debe unir a los plantones y las marchas organizadas por el sindicato, lo cual creo yo, difícilmente va a resolver el problema de esa escuela y de sus estudiantes, sirviendo seguramente más a otros fines de carácter totalmente político.
He comentado en esta columna de nuestro trabajo en escuelas de bachillerato, en donde la situación parece ser aun peor, porque hasta hace poco, la educación media superior no estaba incluida en el artículo tercero de la Constitución y si el gobierno federal y los gobiernos estatales han venido abriendo escuelas públicas, ello se ha debido en parte a los reclamos y presiones políticas de la población, más que a razones de carácter constitucional; con la reciente modificación que da a la educación media superior el carácter de obligatoria, las cuotas que actualmente reciben muchas escuelas públicas de este nivel para complementar sus raquíticos ingresos, entrarán a formar parte de esta polémica, con enormes riesgos para esas escuelas que, ya desde ahora, viven todo tipo de carencias.
En la actualidad, a diferencia de las escuelas de educación básica, la educación media superior pública es impartida y proporcionada por un conjunto de escuelas administradas por organismos que dependen y son coordinados por la Secretaria de Educación Pública, con varias modalidades de descentralización, (como el Colegio de Bachilleres, el Conalep y los Cecytes) mientras que otros dependen económicamente de los gobiernos estatales, y sus recursos provienen de las tesorerías de los estados; todo esto se ha traducido en enormes deficiencias y faltas de recursos para las escuelas, que tienen en las cuotas de los padres de familia las únicas posibilidades de funcionar, existiendo incluso modalidades en las que esas cuotas deben ser entregadas a las tesorerías estatales, sin que las escuelas puedan utilizarlas directamente, y sin recibir tampoco los recursos materiales que requieren con la oportunidad debida.
El problema es muy complejo y desde luego se resolvería en el momento que la promesa o compromiso del secretario de Educación, Emilio Chuayfet, de entregar a cada director de escuela los recursos financieros necesarios para la operación de esta, se haga realidad. Se trata ciertamente de una medida de gran importancia, incluida como parte de la reforma educativa propuesta por el gobierno federal, la cual rompe con el esquema centralista y primitivo que considera a los directores de las escuelas como personas no confiables para manejar esos limitados recursos con prudencia y honestidad para que su escuela opere en buenas condiciones.
Hoy la reforma educativa está siendo cuestionada por los maestros de escuela, por sus organizaciones sindicales e incluso por algunas autoridades educativas estatales, como una imposición inaceptable que viola algunos derechos laborales, al grado de llegar a las enormes movilizaciones que se están dando en algunos estados, desafortunadamente los escenarios parecen ser mas de fuerza, que de uso de la razón, en donde lo que debiera imponerse es la necesidad de mejorar la calidad de la educación de nuestros niños y jóvenes, aunque ello implique nuevos esfuerzos para instrumentar los cambios en los métodos y los esquemas educativos, que hoy resultan inadecuados unos y aberrantes otros, como la herencia y el tráfico de plazas.
En este escenario el problema de las cuotas escolares es sólo uno de los incisos o propuestas del Ejecutivo, la cual me parece viable porque seguramente se trata de montos relativamente pequeños, y porque el mecanismo que se propone, se antoja totalmente viable por su simplicidad logística.
En lo personal, considero que sólo será cuando esto se haga realidad, que las cuotas de los padres de familia dejen de ser necesarias, mientras, ellas deben seguir siendo utilizadas, aun cuando no se cumpla con la Constitución, como sucede con casi todo lo que pasa en nuestro país.
