n el contexto de un foro sobre reformas educativas, encabezado por la nueva presidenta del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE), Sylvia Schmelkes del Valle, el investigador Felipe Martínez Rizo –ex presidente de ese organismo– señaló que se requiere al menos de 10 años para implementar un modelo de valoración integral del magisterio que no dependa sólo de la aplicación de una prueba estandarizada, y añadió que la labor docente no puede ser calificada con un examen teórico-pedagógico, y mucho menos si es de opción múltiple, porque determinar si un maestro es bueno o no es un proceso mucho más complejo, que demanda otros instrumentos como su desempeño en el aula.

A esos señalamientos se suman los formulados en días recientes por otro de los ex presidentes del INEE, Mario Rueda, en el sentido de que ese organismo no puede convertirse en un órgano de persecución del magisterio y que la evaluación docente no va a resolver los problemas, en alusión a la reforma educativa recientemente aprobada y promulgada que condiciona el ingreso, la promoción y la permanencia de los profesores en el sistema educativo a la aprobación de controles estandarizados.

Es revelador, por decir lo menos, que uno de los supuestos fundamentales de la referida reforma –la afirmación de que la evaluación docente es la panacea a los rezagos nacionales en el ámbito de la enseñanza– sea consistentemente cuestionado y desacreditado por académicos y especialistas en dicha materia. No menos significativo resulta que cuestionamientos como los referidos provengan de ex integrantes del INEE, organismo al que la mencionada modificación constitucional otorga la responsabilidad de diseñar y aplicar la evaluación docente.

La realidad es que, a contrapelo de los empeños gubernamentales y partidistas por presentarla como una solución casi milagrosa, la evaluación educativa en su configuración actual –de corte verticalista, basada en pruebas estandarizadas y en la entrega de estímulos económicos y/o de sanciones a los profesores– ha tenido ya suficiente tiempo para demostrar su ineficacia como instrumento de mejora en la calidad de la educación. Desde hace más de dos décadas la Secretaría de Educación Pública ha sometido a los estudiantes y a los maestros a distintos procesos de control de calidad de dudoso apego a las consideraciones pedagógicas más elementales, que en nada han ayudado a corregir los múltiples problemas socioeconómicos –pobreza, marginación, inequidad social– e institucionales –abandono presupuestario, opacidad, corrupción e ineficiencia en el manejo de recursos públicos– que convergen en el ámbito de la enseñanza.

La evidente tensión entre el supuesto fin de poner fin al atraso educativo y la pretensión de hacerlo mediante un modelo que no atiende a los distintos factores que originan ese fenómeno –antes al contrario, impide su atención y, por esa vía, los profundiza– hace inevitable sospechar que la motivación real de reformas como la mencionada –alineada con la agenda educativa de organismos internacionales como la OCDE– no pasa tanto por mejorar los ciclos de enseñanza sino por perfilarlos como instrumentos de estratificación social y por generar oportunidades de negocio para particulares.

Tal es, en suma, uno de los motivos principales del descontento magisterial que se ha venido expresando en semanas recientes en distintas entidades del país, por más que las autoridades y el poder mediático-empresarial se empeñen en presentar dicho descontento como producto de un rechazo irreductible a cualquier tipo de evaluación. Es pertinente, por último, que la actual dirigencia del INEE tome nota de los señalamientos críticos formulados por sus ex integrantes y por buena parte de los expertos en la materia, y corrija, en el ámbito de su competencia, el despropósito de un paradigma de escrutinio magisterial a todas luces desacreditado y caduco.