Durante los dos gobiernos presidenciales del PAN, los delegados federales de varias dependencias públicas actuaron de manera abierta, ilegal y hasta cínica en favor de sus candidatos, acusó el secretario de organización del PRI, José Encarnación Alfaro Cázares. “No es un secreto, y nosotros no hemos utilizado estas denuncias en un esquema de guerra sucia”, dijo.

En medio de la crisis que todavía vive el Pacto por México, el dirigente priísta dijo que en su momento el tricolor presentó las denuncias ante los órganos correspondientes, pero sin hacer señalamientos generalizados, como ahora se pretende.

No es un secreto que los delegados federales de los gobiernos de Acción Nacional actuaban de manera abierta, muy clara, muy operativa, y además ilegal; en muchos casos con mucho cinismo, en apoyo a los candidatos de su partido, insistió.

Debe continuar el Pacto por México: Alfaro Cázares

Entrevistado en la sede nacional del partido, luego de una reunión que encabezó con medio centenar de organizaciones nacionales adherentes al PRI, Alfaro Cázares señaló que tras las denuncias del PAN por presunto uso electoral de los programas sociales de Sedeso, ahora toca a las autoridades correspondientes hacer la investigaciones y, en su caso, sancionar a los responsables, pero abogó por la continuidad del Pacto por México.

Creo que los mexicanos esperan de los partidos madurez y congruencia para mantener el pacto en lo que es de interés general para la República, y que podamos dirimir, en el marco de la ley, las contiendas electorales en cada espacio. Son dos cosas distintas, aseguró.

Alfaro Cázares, uno de los hombres más cercanos al dirigente nacional del PRI, César Camacho, aseguró que los programas de gobierno deben mantenerse al margen de las elecciones, donde ningún partido o candidato tiene derecho a sacar provecho de los recursos públicos.

Dijo que el tricolor rechaza cualquier uso comicial de dichos programas. “No es una línea de trabajo ni estrategia del partido. El PRI se ha mantenido siempre en rechazo de cualquier tipo de actuación que implique el desvío de recursos hacia propósitos electorales. Es decir, somos ajenos a eso y, en todo caso, nuestra posición es que se investigue a las personas involucradas y se proceda conforme a la ley.