n materia de inversión extranjera, es usual escuchar el argumento oficial de que si los dineros llegan al país se debe a que los dueños de los capitales confían en las instituciones nacionales y reconocen el alcance y el carisma del señor presidente (en turno), amén de que arriban con el único objetivo de contribuir al desarrollo de esta gran nación (ningún funcionario dirá cosa distinta, sobre todo si su futuro político es medianamente promisorio).

Qué bueno, pero pasan los años, cambia el inquilino de Los Pinos, crece el saldo de la inversión extranjera directa en México, y nada de nada: ni empleo, ni crecimiento, ni desarrollo, por mucho que buena parte de los sectores estratégicos de la economía nacional esté bajo el control del capital foráneo. ¿En realidad se trata de confianza y de carisma presidencial?

Caso concreto es el de la minería, que si bien no es el único sí es representativo de cómo los barones –nacionales y foráneos– confían en las instituciones, el inquilino de Los Pinos y demás. Este sector fue abierto de par en par al capital privado por cortesía del salinato, y tal política se llevó al extremo (en contra de los intereses nacionales, desde luego) en los tiempos de Vicente Fox y Felipe Calderón, hasta concesionar una de cada cuatro hectáreas de la República agujereada.

A partir de 1992 el gobierno comenzó a entregar concesiones mineras a grupos empresariales y a privatizar las paraestatales dedicadas a esta actividad, siendo la más representativa la Compañía Minera de Cananea. A partir de entonces la inversión extranjera comenzó a llegar a México, donde la llamada autoridad concesionó miles y miles de hectáreas a precios verdaderamente dañinos para el interés nacional (a estas alturas cobra entre 5 y 111 pesos por cada una de ellas, dependiendo de la antigüedad).

Y aquí es donde aparece el elevadísimo grado de confianza que los barones de la minería (propios y arrimados, especialmente canadienses) le tienen a instituciones, gobierno, etcétera: independientemente del régimen de consolidación fiscal que los privilegia (inexistente en otras naciones), México es de los pocos países en el mundo que no les cobra ningún tipo de regalía por el mineral extraído, con todo y que –por ejemplo– en la docena trágica blanquiazul obtuvieron a montones oro, plata y otros metales, todo ello mejorado con alza constante en los precios internacionales.

El gobierno de Canadá (país con enormes recursos minerales) se dio a la tarea de comparar cuánto cobran en otros países por regalías mineras, y en el inventario aparece México como el único que no cobra un solo centavo, lo que a su vez explica por qué los consorcios de la nación de la hoja de maple adoptaron a esta República agujereada como su centro de operaciones.

La autoridad canadiense (consúltese Natural Resources Canada) detalla que en su país el gobierno cobra regalías mineras a una tasa que fluctúa entre 10 y 17 por ciento, según la provincia de que se trate. Incluso, para las explotaciones mineras en Terranova y Labrador (en la parte superior derecha de Canadá) el cobro de regalías minera es de 15 por ciento sobre el 80 por ciento del ingreso gravable, y 20 por ciento sobre el resto. Lo anterior, desde luego, más los impuestos regulares.

Pues bien, de unos años para acá en nuestra agujereada República proliferan las empresas mineras canadienses (especializadas en oro) –todas ellas con concesiones federales–, que con toda confianza extraen la riqueza mineral de nuestro país y no pagan un solo centavo de regalías, lo mismo que los consorcios mexicanos, que –junto con las empresas foráneas– acaparan 95 por ciento de la actividad minería en el país.

En días pasados (27 de abril) en este espacio se dio cuenta que “finalmente los diputados decidieron pellizcar, así sea de forma suave, los intereses del poderoso pulpo minero que opera en el país, sustentado en los bienes nacionales y la connivencia con el poder público. En el pasado reciente no fueron muchos los intentos del Legislativo por recuperar parte del usufructo de la enorme riqueza minera mexicana –privatizada por obra y gracia del salinismo–, pues era más tardado armar y presentar iniciativas en tal sentido que el pleno camaral en echarlas al bote de la basura”.

Así, la mayoría de los inquilinos de San Lázaro decidieron modificar la ley y cobrar un derecho especial de minería de 5 por ciento sobre las utilidades obtenidas por las empresas del ramo. Sin embargo, lo anterior no es un hecho, porque falta la ratificación del Senado. El sábado anterior comentamos que “dichas modificaciones apenas significan un pellizquito al pulpo minero, y nada tienen que ver con el ‘compromiso 61’ del Pacto por México, es decir, con la ‘nueva ley de explotación minera’ que los pactistas prometieron para ‘transformar la minería en una industria eficiente y socialmente responsable’ y que obligadamente deberá revisar el renglón fiscal. Habrá que ver si dicho ‘compromiso’ toma al toro por los cuernos.

Con lo anterior, los diputados quedaron tranquilos, pero no México, que muy lejos está de alcanzar un equilibrio satisfactorio con el capital privado en el renglón minero. De hecho, la autoridad canadiense aporta un dato muy interesante que debería ser considerado por el Legislativo: Australia lleva a cabo una reforma de su sistema de regalías mineras que puede dar lugar a la coexistencia de un sistema estatal ad valorem y otro federal basado en las ganancias. Y se trata de regalías por el metal extraído, y no de derechos.

Después de Canadá el país que mayor porcentaje cobra en regalías es Estados Unidos (ambas naciones socias de México, cuyo gobierno siempre aduce, a la hora de subir precios, que es necesario equiparar los internos con los externos; pues aquí ya tiene un buen pretexto para equiparar las regalías mineras). El vecino del norte aplica una tasa de 10 por ciento, más los impuestos regulares.

Chile, la madre neoliberal en América Latina, carga 9 por ciento por regalías; Australia de 5 por ciento (en el oeste de su geografía) a 3.5 (en el sur); Indonesia 4 por ciento; Mongolia 5 por ciento; Tanzania 3 por ciento, y así por el estilo. México cero por ciento, independientemente de que no cobra un clavo por el cochinero ecológico que provocan los consorcios mineros.

Las rebanadas del pastel

Más allá de calles y aeropuerto cerrados, alrededor de 7 mil agentes vigilan la visita de Barack Obama a México. Es un verdadero exceso. Más práctico sería que lo fueran a visitar a la Casa Blanca, porque allá no cierran la terminal aérea cada que arriba un mandatario, y además pueden conocer otras partes de Disneylandia.

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