68 años de que los excesos de la Segunda Guerra Mundial llevaron a fundar la Organización de las Naciones Unidas vale preguntarse hasta dónde ese organismo, que agrupa a 193 estados miembros, ha logrado su original propósito de mantener la paz y la seguridad internacionales, fomentar entre las naciones relaciones de amistad y promover el progreso social, la mejora del nivel de vida y los derechos humanos
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Hago estas reflexiones desde mi posición como observadora representante del Consejo Consultivo Ciudadano para la Política de Población ante la Sesión 46 de la Comisión de Población y Desarrollo (#CPD46). La migración internacional fue el tema central del encuentro realizado del 22 al 26 de abril en Nueva York, que retoma el programa de acción de la Conferencia Internacional de Población y Desarrollo realizada hace casi 20 años en El Cairo.
A diferencia de sesiones anteriores de la comisión, esta vez llegaron como representantes de los gobiernos funcionarios de bajo perfil y hubo exclusión de la sociedad civil y de organizaciones defensoras de los migrantes en las delegaciones oficiales. Pero lo que más sorprendió fueron las duras posiciones de los países del norte, en especial los de la Unión Europea, el Reino Unido y Estados Unidos, otrora abiertos a los derechos sexuales y reproductivos, esta vez se resistían a firmar la resolución, no tanto por visiones moralinas cuanto por la resistencia a ofrecer servicios sociales, educativos y de salud a las poblaciones inmigrantes independientemente de su estatus migratorio. Es doloroso confirmar que los defensores históricos de los derechos, los embajadores ante Naciones Unidas, no tienen disposición para garantizarlos más que a sus propios ciudadanos, o tal vez fueron instruidos a actuar en tal sentido. Pareciera que ya se les olvidó que firmaron el Pacto Internacional de los Derechos Económicos Sociales y Culturales en 1966, porque al resistirse a dar servicios se niega la portabilidad de los derechos humanos, se desconoce su universalidad y se invalida la noción de igualdad, origen conceptual de los derechos humanos.
Algunas cifras muestran la exclusión de servicios en que se encuentran los jóvenes mexicanos inmigrantes (12-29 años) en Estados Unidos: la mitad llega allá durante su infancia y adolescencia, únicamente 11.2 por ciento está naturalizado, sólo 35.1 por ciento asiste a la escuela, más de la mitad no concluye la high school; aunque hay que reconocer la excepción de los estados de California y Nueva York, que han puesto en práctica la propuesta federal de la Dream Act para facilitar el acceso de los indocumentados a las universidades estatales. Cuatro de cada diez jóvenes mexicanos no hablan inglés, lo cual se vincula con menor efectividad en el ámbito laboral y educativo (uno de cada 10 de inmigrantes de otros países); 65 por ciento de los jóvenes inmigrantes mexicanos no cuentan con cobertura médica (28.1 por ciento de los de otros países); la mitad de las chicas no han visitado a un ginecólogo ni especialista en los últimos 12 meses; alrededor de 71 por ciento no utiliza métodos anticonceptivos hormonales o no utilizan ninguno, y sólo el 7.5 por ciento se ha vacunado contra al VPH. Antes de los 18 años han tenido un hijo 23 por ciento de las mexicanas migrantes y 34 por ciento de las de origen mexicano que nacieron allá (Ramírez G., Telésforo, et al, Jóvenes mexicanos inmigrantes en Estados Unidos, SG/Conapo, México, 2012).
A pesar de la difícil negociación, la sesión de #CPD46 concluyó con una declaratoria satisfactoria, el punto P31 de la resolución hace un llamado a los países miembros para intensificar esfuerzos para proporcionar a migrantes acceso a servicios sociales y de salud, incluyendo salud sexual y reproductiva, información y educación, acceso a prevención y tratamiento de VIH y sida y de otras infecciones de transmisión sexual, medidas para prevenir violencia sexual, anticoncepción de emergencia, y aborto seguro en circunstancias donde tales servicios sean permitidos por la ley de cada nación.
Habría que cuestionarse: ¿cuál es el verdadero peso que tiene una declaración de la ONU a la hora de aplicar las políticas? ¿Y dónde está the real politics? Porque mientras en esta sesión terminaron reconociéndose esos derechos a migrantes, en Washington se discute un proyecto de ley que no reconoce derechos de salud ni educativos a los indocumentados y que pretende postergarlos hasta por 10 o 13 años, condicionándolos a un conjunto de requisitos.
Como testigo de este encuentro estoy muy desilusionada y me siento como una ingenua al pensar que la firma de pactos y declaraciones de la ONU es más que una bella retórica. Porque las desigualdades se han subrayado y la derechización de los países del norte parece responder al aumento de los flujos de inmigración producto del empobrecimiento de las poblaciones que viven en el sur, así como del interés por mantener en la base ocupacional de la pirámide a la clase trabajadora inmigrante con prácticas de explotación y negación de su contribución a la riqueza de los países receptores.
Ahora que Barack Obama está en México para hablar de nuestra intensa relación económica, esperamos que nuestros gobernantes asuman los derechos de los emigrados tal como lo hizo muy correctamente el personal de la misión de México en la ONU, porque atrás de la competitividad y de las inversiones, del comercio de mercancías y de servicios, hay seres humanos trabajando que merecen iguales derechos, tal como afirman los pactos.
Twitter: @Gabrielarodr108
