l 2 de abril se concluyó en Nueva York la negociación del Tratado sobre el Comercio de las Armas. Se celebró con bombos y platillos la conclusión de esta negociación que duró siete años, a pesar de que no se aprobó por consenso (es decir, por unanimidad de los miembros de Naciones Unidas) sino por 154 votos a favor, tres en contra (Siria, Corea del Norte, Irán) y 23 abstenciones (entre los cuales estuvieron Rusia, China, India, Egipto, Bolivia y Cuba). La conclusión de este tratado fue posible gracias al cambio de posición de Estados Unidos en 2009: consideró que era mejor ser parte de un tratado cuyo contenido no afecta su posición de primer productor y exportador de armas del mundo que ser el malo de la película paralizando cualquier avance sobre el control del comercio de armas. Y les permite también estigmatizar a países como Irán, Venezuela o Cuba, que tienen serias y fundadas objeciones. Este tratado es de una ambición desmesurada, puesto que incluye todas las armas convencionales, desde armas ligeras a aeronaves y helicópteros de combate, buques de guerra, misiles, vehículos blindados, y sus respectivas municiones, piezas y componentes. En los hechos será inaplicable. Durante años, el tema central en las negociaciones multilaterales era el desarme nuclear. Los países no nucleares decían a los países nucleares (Estados Unidos, Rusia, China, Francia, Gran-Bretaña, más Pakistán, India e Israel) que no querían hablar de control de armas convencionales si no había antes progresos en el desarme nuclear. La verdad es que desde Hiroshima y Nagasaki, las bombas nucleares nunca más fueron utilizadas (en este sentido la disuasión nuclear funcionó), en cambio las armas convencionales de todo calibre provocaron millones de muertos.

El bloque occidental (Estados Unidos, la Unión Europea, Israel, etcétera) se mostró a favor de un control del comercio de armas convencionales que no afecte sus intereses. Aunque vinculante (es decir, de aplicación obligatoria para los signatarios), el tratado deja a cada país la responsabilidad de cumplir con las diferentes obligaciones, como tener registros de la producción, exportación, importación de armas y municiones, y de informar a los otros países de sus actividades en la materia. Pero sabemos muy bien que la Carta de las Naciones Unidas prevé explícitamente en su artículo 51 el derecho de los estados a la legítima defensa, lo que implica el derecho de fabricar o importar armas para su seguridad. Es muy poco probable que un Estado, grande o pequeño, en tiempo de guerra o de paz, ponga a disposición de la comunidad internacional toda la información sobre su armamento, sus depósitos, sus exportaciones o importaciones. La transparencia es poco compatible con la defensa nacional. Es también técnicamente imposible tener registros actualizados de miles de millones de armas y municiones, a pesar de las técnicas más sofisticadas que permiten la trazabilidad de cualquier producto. No hay acuerdo sobre un sistema único y armonizado de marcación. Además, el tratado deja a cada Estado fabricante o exportador la responsabilidad de evaluar la situación política y de los derechos humanos de un país importador, y no prohíbe la transferencia de armas a grupos rebeldes. Hay intensas discusiones en la Unión Europea sobre la entrega de armas a los rebeldes sirios. No hay consenso, a pesar de una fuerte presión de Francia y Gran Bretaña, que anunciaron que son favorables a un apoyo militar a los rebeldes, sabiendo que una parte de ellos son yihadistas del Frente Al-Nosra, parte de Al Qaeda. El tratado tampoco prohíbe la transferencia de armas a grupos privados o empresas de seguridad, que juegan un papel cada vez más importante en la privatización de los conflictos.

La mayoría de los países, incluyendo los pobres, son productores de armas ligeras o pesadas, muchas veces con licencias de grandes industrias. Hay también muchas fabricaciones artesanales de alta calidad, fruto de antiguas tradiciones, como es el caso de la tribu dogón en Mali, donde los herreros ocupan desde hace siglos un lugar importante en la jerarquía de la organización tribal. Son actividades incontrolables.

Es importante subrayar el papel de la sociedad civil internacional y de las ONG en estas negociaciones. Es una evolución fundamental en el funcionamiento de la comunidad internacional. Después de los grandes conflictos que marcaron el final del siglo XX y el principio del siglo XXI (los Balcanes, Ruanda y tantos otros), que provocaron millones de muertos, la sociedad civil se impuso para exigir un mínimo de reglamentación en el comercio de las armas convencionales y participar en las negociaciones internacionales al lado de los estados. La primera gran victoria de las ONG fue la Convención de Ottawa para la prohibición de las minas antipersonales, que entró en vigor en 1999. Una coalición de más de mil 400 ONG (Campaña Internacional para la Prohibición de las Minas Antipersonales, ICBL en inglés) logró convencer a 157 países de dejar de fabricar minas antipersonales y destruir sus depósitos. Muchos lo hicieron, muchos no. En la dinámica creada por la Convención de Ottawa, se negoció en 2000-2001 el primer programa de acción de Naciones Unidas contra el comercio ilícito de armas ligeras y de pequeño calibre. Pero era nada más un catálogo de buenas prácticas para evitar el desvío de armas producidas y vendidas legalmente. Y de ahí, siempre bajo la presión de la sociedad civil internacional, los estados adoptaron el último tratado el 2 de abril. Pero en la sociedad civil internacional están representadas todas las corrientes de pensamiento e intereses muy contradictorios. El potente y muy conservador lobby de la National Rifle Association (NRA) logró orientar las negociaciones en el sentido que quería, es decir, evitar restricciones al libre comercio de armas de todo calibre, en nombre de una de las libertades más reivindicadas en Estados Unidos y, por lo tanto, expresó su satisfacción por la firma de este tratado.

México jugó un papel muy activo en esta negociación. Claro está que es un país que sufre directamente de la importación licita e ilícita de armas en mayoría procedentes de Estados Unidos. ¿Cambiará algo este tratado? Cuando uno ve cómo las propias autoridades estadunidenses organizaron el traspaso ilegal de armas a México con la operación Rápido y furioso y que las armerías del sur de Estados Unidos podrán seguir vendiendo armas como antes, se puede preguntar si verdaderamente hay voluntad de acabar con este jugoso y mortífero comercio. Con este tratado, todo seguirá igual: “ Business as usual”!