a segunda visita oficial del presidente de Estados Unidos, Barack Obama, a México inició ayer con un claro viraje, cuando menos discursivo, en la agenda temática bilateral –dominada en los pasados seis años por las acciones conjuntas de combate al narcotráfico– y con un acento de ambos gobiernos en el fortalecimiento de la cooperación en materia comercial, económica y, enhorabuena, educativa. En una conferencia de prensa conjunta en la que el tema de la delincuencia organizada fue abordado de manera marginal, Enrique Peña Nieto subrayó que la relación entre México y Estados Unidos debe ser multitemática, debe permitirnos abrir espacios de oportunidad, de colaboración en distintos ámbitos; Obama, por su parte, señaló que continuará con su cercana colaboración con las autoridades de nuestro país y, tras reconocer que decenas de millones de mexicanos enriquecen la vida de Estados Unidos, se dijo optimista sobre la posibilidad de lograr una reforma migratoria integral en el Congreso de su país.

Es sin duda positivo que la presencia del mandatario estadunidense en nuestro país sirva para plantear una reconfiguración en la relación bilateral, la cual ha estado marcada hasta ahora por una subordinación de las autoridades nacionales a las estadunidenses y por la intromisión creciente de éstas en ámbitos que sólo competen a los mexicanos. Particularmente necesario resulta avanzar hacia la reformulación de la Iniciativa Mérida, instrumento que, a juzgar por los saldos obtenidos, no sólo no ha servido para reducir las actividades de las bandas delictivas que operan en México, sino que ha dado marco al sostenido deterioro de la seguridad pública y del estado de derecho; ha llevado a una abdicación de potestades soberanas en materia de inteligencia, seguridad, procuración de justicia y control del territorio, y ha dotado a las autoridades del vecino país de una coartada para practicar un injerencismo a todas luces indebido y para atizar las divisiones y rivalidades de las dependencias mexicanas de seguridad y defensa nacional.

Sin embargo, la pertinencia de desnarcotizar la relación bilateral no implica que haya sido superado el derrumbe del estado de derecho que se vive en diversos puntos del territorio nacional, problema que persiste más allá de los propósitos expresados por el gobierno de Peña Nieto –como lo demuestra la continuidad en el ritmo de ejecuciones, levantones y demás violencia vinculada al narcotráfico– y cuya continuidad radica, en buena medida, en acciones u omisiones de Washington.

En efecto, a contrapelo de su discurso prohibicionista, ese gobierno mantiene una exasperante tolerancia hacia el accionar de las redes de distribución, transporte y comercialización de drogas que operan, sin mayores obstáculos, en su territorio, y otro tanto puede decirse respecto del flujo ilegal de armas hacia nuestro país y del lavado de dinero procedente del narco en el sistema financiero estadunidense, actividades que incluso han sido incentivadas y practicadas por Washington en el contexto de investigaciones policiales y de operativos como Rápido y furioso y Receptor abierto.

La inconsistencia entre el discurso y la práctica del gobierno del vecino país hace suponer que la persistencia del narcotráfico en México y de la violencia relacionada con ese fenómeno no necesariamente son perspectivas indeseables para Estados Unidos, en la medida en que representan una excelente oportunidad de negocio para su industria armamentista, proveen de un flujo de recursos constante a sus instituciones financieras y dan a su gobierno un pretexto para el intervencionismo.

Por lo que hace al tema migratorio, más allá del optimismo manifestado ayer por Obama, es necesario que las autoridades del vecino país abandonen su doble moral característica frente a ese fenómeno y conviertan en acciones concretas el reconocimiento ya logrado de que los migrantes indocumentados constituyen uno de los factores principales de la competitividad de su economía.

En suma, sería lamentable que el anunciado giro en la relación bilateral redundara en un ejercicio de simulación, o bien en un simple recambio de prioridades que centre la atención de ambos gobiernos en la agenda económica y comercial común y deje intactas las actitudes incongruentes y contraproducentes de Washington en materias como la seguridad y la migración. Cabe exigir que el gobierno mexicano actúe de conformidad con el interés nacional y demande a su contraparte estadunidense un nuevo tipo de relación basada en el entendimiento, la cooperación efectiva, la responabilidad y el beneficio mutuo.