Unas 600 demandas de amparo colectivas –que agrupan a unos 100 mil maestros– fueron desechadas a finales de la semana pasada por los tres jueces federales con sede en el estado de Puebla designados para resolver esas peticiones contra la reforma educativa del presidente Enrique Peña Nieto.

Los juzgadores argumentaron que los escritos de demanda fueron presentados a partir del 3 de abril, cuando entró en vigor la nueva Ley de Amparo, que prohíbe impugnar las reformas a la Constitución.

Los acuerdos de los jueces refieren que “de la lectura integral de la demanda de amparo se desprende que la parte promovente señala como acto reclamado la aprobación, expedición, promulgación y publicación del decreto por el que se reforman los artículos tercero y 73 de la Constitución, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 26 de febrero de 2013.

La demanda de amparo promovida contra dichos actos resulta improcedente, porque los mismos derivan de disposiciones de la Constitución, modificadas y adicionadas a través del mencionado decreto, que versan sobre la calidad en la educación obligatoria; sobre los materiales y métodos educativos, la organización escolar, la infraestructura educativa; sobre la idoneidad de los docentes y los directivos que se encuentren al frente de la prestación del citado servicio; y sobre la tutela que el Estado ejercerá en su prestación, y los métodos de los que se valdrá para ello.

Eduardo Pérez Saucedo, del equipo de abogados de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), informó a La Jornada que ya fue impugnada la resolución de los tres juzgadores, bajo el principio constitucional, previsto en el artículo 14 de la Carta Magna, que impide la aplicación de leyes de manera retroactiva en perjuicio de persona alguna.

Explicó que el 26 de febrero pasado entró en vigor la reforma educativa, por lo que el plazo que tenían los maestros quejosos para impugnarla venció el 15 de abril. Y el día 3 de este mes entró en vigor la nueva Ley de Amparo, en la cual está prohibido impugnar una reforma constitucional por la vía de amparo.

“Antes de que comenzará la vigencia de la nueva Ley de Amparo entró en vigor la reforma educativa, y cuando esta última se publicó en el Diario Oficial de la Federación, el 26 de febrero de 2013, aún estaba vigente la anterior, por lo que hay una aplicación retroactiva de la Ley de Amparo en franca violación al 14 constitucional”, expuso Pérez Saucedo.

Las demandas presentadas antes del pasado 3 de abril sí fueron admitidas a trámite por los jueces federales, quienes incluso han concedido suspensiones provisionales para que los maestros inconformes no sean despedidos en caso de reprobar una eventual evaluación.

De acuerdo con estimaciones del Consejo de la Judicatura Federal (CJF), los jueces recibieron al menos 2 mil demandas de amparo contra la reforma educativa, colectivas e individuales, y se estima que alrededor de la mitad serán desechadas por haber sido presentadas después del 3 de abril.

A la fecha no se cuenta con una cifra precisa de maestros que han firmado los amparos colectivos, ya que las demandas son presentadas en varios estados y se requiere un trámite interno del CJF para concentrarlas ante los jueces tercero, sexto y séptimo del centro auxiliar de la segunda región en San Andrés Cholula.