El saqueo y la venta ilegal de piezas arqueológicas en territorio nacional y en el extranjero se castigará con mayor severidad. El pleno de la Cámara de Diputados aprobó una modificación al artículo sexto de la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos con objeto de preservar y proteger los bienes muebles o inmuebles declarados zonas o monumentos arqueológicos, artísticos o históricos.

Desde 1978, las recomendaciones de la Conferencia General de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco) al Estado mexicano obligaban a prevenir y combatir mediante los instrumentos adecuados, la falsificación de bienes culturales, los robos, las excavaciones ilícitas, los actos vandálicos y el empleo de falsificaciones.

Ahora los diputados determinaron modificar las disposiciones relativas a las sanciones, fijando montos de días de multa de acuerdo con el salario para adecuar las penas a la realidad nacional.

Para abonar al dictamen, el diputado petista Héctor Hugo Roblero adujo la necesidad de imponer sanciones pecuniarias, además de prisión para quienes lleven a cabo por cualquier medio exploración arqueológica ilegal en monumentos o en zonas arqueológicos sin la autorización del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH).

Es atendible la propuesta para legislar sobre la materia, de tal manera que se inhiba este tipo de actos que deterioran el patrimonio nacional. Sobre la materia se propone actualizar las sanciones y las penas carcelarias para que los riesgos de robo, saqueo, vandalismo y la exportación ilegal de bienes nacionales que resultan indispensables para detener este tráfico de bienes propiedad de la nación, sean legislados puntualmente.

También Zuleyma Huidobro, de Movimiento Ciudadano, refirió datos del INAH: existen 182 zonas arqueológicas abiertas al público en el país y en 2012 la afluencia de visitantes nacionales y extranjeros fue de 6 millones 967 mil 166 personas.

En la actualidad, México ocupa el quinto lugar mundial en número de espacios considerados Patrimonio de la Humanidad. Es uno de los países con mayor riqueza en ese ámbito, según la lista elaborada por la Unesco.

“La obligación del Estado de proteger estos bienes se vuelve imperativa, toda vez que muchos de ellos ya forman parte del llamado patrimonio de la humanidad y, por lo mismo, sujetos a las recomendaciones y directrices emitidas por la Unesco (…) El dictamen que hoy discutimos constituye un acontecimiento verdaderamente inédito. En pocas ocasiones tenemos la oportunidad de generar y aprobar cambios normativos que fomenten prácticas jurídicas eficaces que promuevan la protección de nuestros bienes culturales.”

Bárbara Gabriela, del PAN, señaló que el saqueo y la dispersión del patrimonio cultural e histórico es un problema realmente serio al que a lo largo del tiempo nos hemos enfrentado. “Alrededor del mundo se ha venido registrando un sensible aumento en los casos de saqueo y destrucción del patrimonio cultural de la humanidad, lo cual denota que desafortunadamente el tráfico de bienes culturales resulta una actividad muy lucrativa (…) así pues, este dictamen va encaminado a reforzar el entramado legal destinado a la regulación, protección y conservación del patrimonio histórico, labor que por su importancia se ha convertido ya en una tarea de carácter universal”.