A partir de las reformas antiaborto en 18 entidades del país se han disparado los casos de criminalización del género; tan sólo en seis estados se ha consignado a 173 mujeres y sentenciado a 127, mientras un promedio de 226 son denunciadas penalmente al año por el presunto delito de aborto, plantearon Alejandra Martínez, Ana María Hernández y Elsa Conde, de las asociaciones Aquesex, de Querétaro; Diálogo Parlamentario y la Equidad de Oaxaca, y Campaña por el Derecho a Decidir, respectivamente.

Las activistas advirtieron que incluso a mujeres víctimas de violación sexual se les ha negado el derecho a interrumpir el embarazo o a tener acceso a la píldora anticonceptiva de emergencia, aunado al hecho de que dichas reformas han restringido los derechos fundamentales del género, entre ellos, acceso digno a los servicios de salud.

En momentos en que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) debate la controversia constitucional que presentaron municipios de Querétaro, Oaxaca y Guanajuato en contra de la ley antiaborto, aprobada por cada uno de sus congresos en 2009, las activistas afirmaron que el máximo tribunal tiene la oportunidad histórica de reivindicar los derechos de las mujeres y hacer válidas las reformas aprobadas en la Constitución en materia de derechos humanos.

“Las reformas a las constituciones de esas entidades, realizadas con ‘intención de proteger la vida desde el momento de la concepción y hasta la muerte natural’, han representado una nueva forma de criminalizar a las mujeres y de violar sus derechos fundamentales protegidos en la Carta Magna y en múltiples tratados internacionales asumidos por México”, indicaron.

Conde ilustró con casos de criminalización reportados recientemente por Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE): en Tamaulipas han sido consignadas 43 mujeres y 10 sentenciadas; en Jalisco 32 y 25, respectivamente; en Hidalgo, 28 y 15; Puebla, 24 y 13; Michoacán, 25 y ocho, mientras en Guanajuato fueron sentenciadas las 21 que fueron consignadas.

En rueda de prensa, recordaron la recomendación que hizo al Estado mexicano el Comité de la Convención para la eliminación de todas las formas de discriminación contra las mujeres (Cedaw, por sus siglas en inglés): armonizar las leyes federales y estatales relativas al aborto para eliminar los obstáculos que enfrentan las mujeres que desean interrumpir un embarazo de forma legal y amplíe el acceso al aborto legal teniendo en cuenta la reforma constitucional en materia de derechos humanos.