En ríspide discusión, se aprobó que 5 cinco por ciento de las enormes ganancias que las empresas mineras extraen del subsuelo mexicano se destinarán al desarrollo de las poblaciones aledañas a las minas, donde hasta ahora el efecto de esa actividad se manifiesta en miseria y contaminación. El pleno de la Cámara de Diputados aprobó una reforma a la ley del ramo para beneficiar a municipios y estados, con un reparto de los recursos de 70 y 30 por ciento, respectivamente.

Por tanto, se privilegiará la construcción de centros escolares, pavimentación y mantenimiento de calles, alumbrado, relleno sanitario, plantas de agua, drenaje, manejo de residuos sólidos, mejoras a la calidad del aire, recuperación de ríos y agua. Agregan que por ningún motivo esos recursos se emplearán en gasto corriente ni suntuario.

Adolfo Bonilla, legislador del PRI, presentó las bondades de una modificación a la legislación minera. Según datos de la Secretaría de Economía, el valor anual de la producción minera en 2011 alcanzó 20 mil 148 millones de dólares.

En términos del nivel de producción de metales preciosos, el estado de Sonora ocupa el primer lugar en oro; Zacatecas en plata; Coahuila en fierro y carbón, y San Luis Potosí en fluorita. Así, con la iniciativa el beneficio sería para 612 municipios del país y sus millones de habitantes.

A pesar de que las minas ocupan una tercera parte del territorio nacional, sólo emplean de forma directa a 330 mil personas y generan 1.5 millones de puestos de trabajo indirectos. En la actualidad, México, junto con China, es de los pocos países en el mundo donde las mineras no pagan como regalías entre 3 y 10 por ciento de sus ganancias totales.

De aprobarse el derecho especial de 5 por ciento para municipios y estados, tal medida no afectará a los trabajadores en el reparto de utilidades.

Durante la sesión, Lilia Aguilar (PT) expuso que los recursos serán manejados por un grupo que se integrará por el gobernador, el presidente municipal, un miembro de la comunidad agrícola y los trabajadores.

También, el coordinador de Movimiento Ciudadano, Ricardo Monreal, acusó la calamidad que representan las corporaciones mineras en las esferas políticas el país, hecho que les reditúa en pingües ganancias.

“Al mero estilo porfirista se han incrustado en las altas esferas del gobierno para proteger sus intereses. Son corporaciones que dan trato predador al país y las multinacionales han acaparado 90 por ciento del valor de los metales preciosos.

Pagan de cinco a 111 pesos por hectárea. Además de estos ridículos precios, piden a la Secretaría de Hacienda créditos fiscales. Tienen concesiones renovables de 50 años y pagan los salarios más bajos de América Latina; 30 por ciento del territorio del país se encuentra concesionado y hay la amenaza de que 800 proyectos a futuro sumen más hectáreas. Han generado redes de corrupción para operar de manera ilegal y despojar de tierras a ejidos y comunidades.

Incluso, Judit Guerrero, del Partido Verde explicó que la riqueza minera no se traduce en mejores niveles económicos para la población, porque las compañías no pagan por el valor de los recursos, sino por hectáreas y extensión de las minas y no por el volumen de las ganancias. Por ello las aportaciones resultan más bien simbólicas y no benefician a los estados.

El Partido Acción Nacional defendió a los concesionarios mineros con el argumento del escaso análisis de la iniciativa. Marcelo Torres consideró que habrá un notorio detrimento para los empresarios, en especial para los pequeños, y el PAN no quiere que se afecte a la industria minera y se afecte a la inversión, llevando a la minería al carajo.

Su correligionario, Rubén Camarillo solicitó a los legisladores en el salón de plenos, “no acompañar esta iniciativa a pesar de que pudiéramos coincidir en el fondo. Es falaz el argumento de que pretende favorecer a estados y municipios, porque existe una grave equivocación en el ordenamiento legal… Es preferible perder la inversión, que perder la riqueza nacional y que se siga empobreciendo a los mineros”.

Voceros del gran capital

Manuel Huerta, del PT, consideró insuficiente el 5 por ciento de las ganancias para repartir entre municipios y estados. El jefe de ustedes, Carlos Salinas, desincorporó las concesiones del Estado y las entregó a grupos mineros mexicanos, principalmente al Grupo México, al Grupo Peñoles y al Grupo Frisco, es increíble que se conviertan en voceros del capital minero para defender las cuantiosas ganancias que extraen Germán Larrea, Alberto Bailleres y Carlos Slim, repuso.