El Instituto Nacional de Migración (INM) no tiene un enfoque de derechos humanos en sus programas públicos ni se esfuerza por respetar las garantías básicas de indocumentados, pues en 2011 dedicó 82 por ciento de su presupuesto a actividades relacionadas con el control migratorio y menos de uno por ciento a garantizar las necesidades básicas de ese sector.

Así lo afirmaron los investigadores Rodolfo Córdova y Silvia Ruiz, del Centro de Análisis e Investigación Fundar, durante la presentación del informe Una mirada al presupuesto del INM: ¿dónde estuvieron sus prioridades en 2011?, en el cual se revisan los sectores donde la mencionada entidad ejerció sus recursos y la forma en que lo hizo.

En dicho estudio –realizado en colaboración con el propio INM y las secretarías de Gobernación y Función Pública–, los especialistas revelaron que los fondos otorgados al instituto en el Presupuesto de Egresos de la Federación son insuficientes para mantener un funcionamiento adecuado en el año, sobre todo en el periodo de abril a diciembre.

Por ello, Fundar recomendó que las autoridades otorgar al instituto recursos necesarios para cumplir con sus tareas, en particular en cuatro esquemas de protección a migrantes: Grupos Beta, Programa de Repatriación Humana, Programa Paisano y Oficiales de Protección a la Infancia, así como a beneficios directos para indocumentados, como alimentación y atención médica.

Además de la escasez de recursos, el informe del colectivo puso de relieve que estos no son utilizados con un enfoque de derechos humanos, pues la cantidad de dinero utilizada para la protección efectiva de los migrantes es mínima.

El presupuesto total del INM en 2011, subrayaron los autores del estudio, fue de 2 mil 943 millones de pesos, y de ese total únicamente 0.4 por ciento (11.6 millones) se dedicó a garantizar derechos elementales, como la alimentación, la seguridad personal o la adecuada protección judicial. De igual forma, sólo 6 por ciento (173 millones) fue utilizado para construir o dar mantenimiento a estaciones migratorias y para efectuar repatriaciones o retornos asistidos.

En contraposición, 82 por ciento de los fondos (2 mil 360 millones) se utilizó para actividades relacionadas con la gestión y el control migratorio y 5.3 por ciento (158 millones) se usó para gasto corriente (salarios, aguinaldos, servicios de seguridad social).

El informe reveló también que hay partidas dedicadas a la compra de productos de limpieza, uniformes o maquinarias, que no son un derecho en sí mismo, sino tal vez un aditamento para el ejercicio de algún derecho.