Nadie puede forzar a la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) a no aplicar la legalidad. Las autoridades están abiertas al diálogo para la resolución de conflictos y siempre lo privilegiarán, pero éste debe darse por la vía institucional y de acuerdo con la legislación universitaria, sostuvo el abogado general, Luis Raúl González Pérez.

Al referirse a la toma de rectoría del viernes pasado por un grupo violento de jóvenes con el rostro cubierto, que exigen la reinstalación de seis estudiantes expulsados del Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH) Naucalpan, el funcionario subrayó que la Universidad no se sentará a dialogar si para ello se tiene que cancelar el estado de derecho, la legalidad y los procedimientos penales emprendidos por la ocupación del inmueble.

En entrevista con varios medios de comunicación, González Pérez detalló que el rector de la UNAM, José Narro Robles, hará los esfuerzos necesarios para que quienes mantienen la toma puedan sensibilizarse y desalojar la rectoría cuanto antes.

Nosotros hacemos lo que la ley nos mandata

El jurista, quien ha analizado la autonomía universitaria como parte de sus investigaciones académicas, abordó el tema ante las versiones de un posible ingreso de la Policía Federal (PF) al campus para retirar a los inconformes, sobre quienes pesan denuncias penales presentadas por la UNAM ante la Procuraduría General de la República (PGR).

Nosotros estamos haciendo lo que la ley nos mandata: presentar y ampliar la querella, y realizar las investigaciones que a la casa de estudios corresponden. No he escuchado que la PGR señale que la UNAM tiene que decir si entra o no la policía. Cada entidad debe hacer lo que la ley establece. Nosotros hacemos lo que nos toca y el Ministerio Público tomará sus propias determinaciones.

–Algunos sectores afirman que si se presenta una situación de esa naturaleza se vulneraría la autonomía universitaria.

–De acuerdo con distintas tesis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la autonomía es una garantía institucional, un blindaje para que ciertas instancias jurídicas cumplan con una finalidad. En el caso de la UNAM es para que desempeñe sus funciones sustantivas: docencia, investigación y difusión de la cultura. Para que forme profesionistas útiles a la sociedad, como señala el artículo primero de la Ley Orgánica, y se vincule con los problemas nacionales.

“Esas tesis también asientan que la autonomía no puede estar al margen del cumplimiento del ordenamiento jurídico nacional. Doy un ejemplo: ¿qué pasa si hay una muerte al interior del campus? La semana pasada falleció de un infarto una estudiante de 75 años que cursaba una tercera carrera en la Facultad de Derecho. El cuerpo no puede moverse porque alteraríamos la escena, es el MP el que debe hacer el levantamiento del cadáver. ¿O qué hacemos, lo dejamos ahí?

Entonces, sí a la autonomía, pero en términos de su alcance en el cumplimiento del estado de derecho.

–¿Es viable el desalojo?

–El Ministerio Público tendrá que marcar sus acciones dentro del derecho.

Resaltó que el origen del actual conflicto no está relacionado con un referente académico sino con la violencia suscitada el primero de febrero en el CCH Naucalpan, donde hubo un enfrentamiento entre estudiantes y trabajadores, y cuatro días después varios jóvenes dañaron las instalaciones con objetos incendiarios. “Violencia que se vuelve a expresar el 19 de abril con la toma de rectoría.”

Reiteró que los procesos judiciales contra quienes mantienen la ocupación continuarán su curso, y aun cuando no era necesario ratificar la denuncia, porque se presentó de viva voz, se hizo para que no quede la menor duda. Por tanto, corresponderá a las instancias judiciales actuar en el marco del derecho.

Con el propósito de no incurrir en circunstancias que no son de su competencia, González Pérez prefirió no señalar los delitos en que pudieron incurrir quienes tomaron la rectoría. A mí me toca describir las conductas y los hechos y al Ministerio Público determinar, a partir de la integración de la averiguación previa, qué ilícitos se desprenden.

Dejó en claro que las acusaciones se refieren exclusivamente a la ocupación violenta de la rectoría y a la posible sustracción de bienes –como sucedió durante la toma de la dirección general del CCH en febrero pasado, con la misma demanda de reinstalar a los expulsados de Naucalpan– y no se presentaron por la marcha previa. La protesta no debe criminalizarse.

Enfatizó que la toma de rectoría por un reducido grupo es preocupante y reprochable, porque se obstaculizan procesos fundamentales para la institución, aunque no se ha dejado de trabajar en la docencia, la investigación y la difusión de la cultura.