Funcionarios de la Secretaría de Gobernación (SG) se reunieron con el relator especial de Naciones Unidas sobre Ejecuciones Extrajudiciales, Sumarias o Arbitrarias, Christof Heyns, quien mostró especial interés en conocer el marco legal del fuero castrense en México y, en general, aspectos del Código de Justicia Militar.

A inquietud particular de Heyns, se aboró el tema del artículo 57 de este código, relativo a los delitos cometidos por soldados y a las circunstancias en que aquellos son juzgados por tribunales castrenses.

El comisionado nacional de Seguridad, Manuel Mondragón y Kalb, y el secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Monte Alejandro Rubido, explicaron al relator aspectos de la estrategia de seguridad del gobierno de Enrique Peña Nieto y le precisaron las más recientes estadísticas de homicidios dolosos.

Fuentes de Gobernación indicaron que el encuentro –realizado en el Palacio de Covián– fue también ocasión para explicar al representante de ONU aspectos de la base de datos de casi 27 mil personas no localizadas, según la lista que depura actualmente el gobierno federal.

Por su parte, el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Juan N. Silva Meza, recibió en sus oficinas a Heyns, a quien aseguró que para el Poder Judicial de la Federación es prioridad allegarse toda la información relativa a la protección a los derechos humanos contenida en tratados y acuerdos internacionales”, para que los jueces mexicanos elaboren mejores sentencias.

Asimismo, afirmó que el máximo tribunal está interesado en estrechar lazos con organismos defensores de las garantías fundamentales, nacionales y extranjeros, y expresó su total apoyo al trabajo que realizan agrupaciones como la de la ONU, además de señalar que una de las prioridades de la SCJN es precisamente el tema de los derechos humanos, por lo que seguirá desarrollando principios jurídicos consistentes con los instrumentos internacionales en la materia.

En tanto, la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) entregó a Heyns un informe en el que se documentan 47 quejas relacionadas con violaciones al derecho a la vida, a consecuencia del uso de la fuerza por las autoridades capitalinas. Los casos investigados ocurrieron entre 2006 y marzo de 2013.

Ejecuciones extrajudiciales

El organismo público, presidido por Luis González Placencia, determinó que en 77 por ciento de los 47 expedientes “hay elementos suficientes para presuponer que se trata de ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias”; en tres casos (4 por ciento) se documentó falta de pericia de las autoridades involucradas, que derivó en la pérdida de vidas humanas, y en el 19 por ciento restante se presume que la autoridad pudo actuar en legítima defensa.

Destaca que en 68 por ciento de los casos estuvieron involucrados policías de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal, y en el 32 por ciento restante elementos de la procuraduría capitalina.

Christof Heyns permanecerá en México hasta el próximo 2 de mayo. Durante su estancia se entrevistará con autoridades federales y locales, así como con víctimas, testigos y representantes de organizaciones de la sociedad civil.