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México SA

Hambre: ¿con qué dinero?

Oportunidades electorales

Despojo en Los Cabos II

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Un trabajador quita el polvo al trigo en un mercado de granos en la ciudad india de Chandigarh. En India la agricultura representa 15 por ciento de la economíaFoto Reuters
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n medio de efervescentes cuan documentadas denuncias por el uso electorero que la Secretaría de Desarrollo Social da a la llamada política social (acusaciones que, por cierto, tricolores y perredistas también hicieron a los panistas, por las mismas causas, en los gobiernos de Fox y Calderón), la Cruzada Nacional contra el Hambre no sólo es adornada con logotipos trasnacionales, sino con crecientes precios de los alimentos que la citada dependencia del Ejecutivo, supuestamente, distribuirá entre una cuarta parte de los mexicanos más necesitados.

Algunos creen que el Pacto por México está en la cuerda floja y que la referida cruzada es la espoleta que hará estallar la carga (junto con Rosario Robles, la primera baja del gabinetazo peñanietista), pero en realidad son tantos y tan jugosos los negocios asociados a ese pacto que las críticas (Peña Nieto dixit) por la comisión de un delito electoral en Veracruz (con el gobernador a la cabeza) serán allanadas sin mayores consecuencias.

Rosario Robles aseguró ayer que la política social no tiene colores y tiene razón: no importa cuál partido esté en el gobierno (sea federal, estatal o municipal) ni quién sea su representante, el uso de recursos públicos con fines electorales es más que recurrente, y no ahora, sino desde su fundación 25 años atrás (Solidaridad, con Carlos Salinas de Gortari; Progresa, con Ernesto Zedillo, y Oportunidades, de Vicente Fox a la fecha). Entonces, el Programa Oportunidades es un jugosísimo negocio político-empresarial, y qué más da que su población objetivo padezca hambre.

Pero no importa, toda vez que es necesario aparentar que se combate la pobreza para que el recurso no deje de fluir. Es tal el descaro que la Cruzada Nacional contra el Hambre se anunció con bombo y platillo, para que a la hora de la hora naciera sin presupuesto propio. La instrucción, pues, ha sido pellízcale dinero a otros programas sectoriales y convoca a la sociedad civil para que aporte (obvio es que por sociedad civil Rosario Robles entendió trasnacionales, legionarios de Cristo, oligarquía y conexos, quienes gustosamente se suben al gran negocio del combate a la pobreza; por algo se llama Oportunidades).

¿Cómo combatirá el hambre la Cruzada si carece de recursos propios? ¿Los aportarán Pepsico, Nestlé, legionarios de Cristo, oligarquía y conexos? Dudoso, pero el hecho es que los precios de los alimentos se mantiene por las nubes y cada día que pasa se requiere más dinero para satisfacer mínimamente las necesidades en este renglón, mientras oficialmente a 28 millones de mexicanos no les alcanza para las tres comidas diarias.

Entonces, mientras Rosario (si la libra) y sus guajiros resuelven el problema, el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados advierte que en febrero de 2013 los precios, reportados en la Central de Abasto de la ciudad de México, se ubicaron por arriba de los niveles registrados en el primer bimestre de 2011, justo antes del comienzo de la (otra) escalada de precios de los productos del campo. De hecho, en un comparativo a 24 meses destaca que los precios al mayoreo del maíz y frijol reportaron incrementos de 25.8 y 15.3 por ciento, respectivamente, en comparación con igual periodo de 2011.

Los precios de los alimentos retomaron su tendencia alcista, y en este tenor en febrero pasado el índice que los mide aumentó 5.73 por ciento anual, contra 3.55 por ciento de la inflación general y 3.95 por ciento de la canasta básica. Estos resultados se explican por el avance que mostraron los precios de algunos productos agropecuarios, como las frutas y verduras, las cuales se vieron contrarrestadas parcialmente por una ligera disminución de los precios de los productos pecuarios.

El repunte de la inflación de alimentos estuvo determinado por el incremento en los precios de productos derivados de granos como el pan (bolillo), que en febrero creció 8.03 por ciento; la masa y harina de maíz, que aumentó 6.74 por ciento, y la tortilla de maíz, que reportó un incremento de 4.06 por ciento, todos respecto a febrero de 2012. Por su parte, en la inflación de productos pecuarios destaca el aumento de los precios del huevo y las carnes (pollo, res y cerdo) que en el mes de referencia se incrementaron 22.16 y 6.46 por ciento anual, en cada caso.

Sobresale que la menor incertidumbre de abasto de productos básicos dentro del mercado nacional ha logrado reducir la escalada de precios que mostraron los alimentos durante 2012, aunque se debe destacar que este fenómeno podría ser temporal debido al periodo de cosecha y a la alta vulnerabilidad que mantiene el sector agropecuario por las variaciones climatológicas.

Por el lado de los productores, los precios de combustibles, abonos y fertilizantes mantuvieron su tendencia a la baja, aunque permanecen en niveles elevados. Esto se explica en parte a que México importa 55 por ciento de los fertilizantes que demanda el mercado interno (dicho sea de paso, la política privatizadora se llevó entre las patas a Fertimex, una empresa del Estado que producía y distribuía fertilizantes, es decir, los mismos que hoy México importa masivamente).

Las rebanadas del pastel

Despojo en Los Cabos II (la primera denuncia se publicó en el México SA del pasado 13 de marzo): “lo pongo al corriente de la situación del Faro Viejo de Cabo Falso (municipio de Los Cabos), propiedad de la nación junto con sus 17 hectáreas de predio pertenecientes a la nación (como señalan el decreto de expropiación de 1904, el registro ante el Indabiin y la escritura del inmueble), que hoy son parte del exclusivo (y excluyente) desarrollo turístico Quivira de Ernesto Coppel Kelly. La situación de este bien público es simple: un bien de la nación está siendo vendido a extranjeros por un particular y el silencio de las autoridades de los tres órdenes de gobierno mueve a la sospecha de contubernio. ¿Cómo los ejidatarios se ‘apropiaron’ de esas 17 hectáreas para venderlas? Ni idea. No hay decreto, procedimiento de desincorporación ni la necesaria intervención del Congreso para disponer de un bien público que avale a los ejidatarios. Una asociación civil logró inscribir el Faro Viejo (con un lote de 50x75) en el plan de desarrollo urbano a punto de aprobarse y muy probablemente se reabra el acceso al bien público (cerrado ilegalmente hace diez años); pero casualmente la fundación Letty Coppel será la patrocinadora del monumento. O sea, no se logra el despojo de la construcción pero se le ‘trasquilan’ 17 hectáreas y controlan el monumento” (Víctor Adrián Trujillo Muñoz, San José del Cabo, BCS, México, [email protected]).