Ayer inició la visita oficial a México del relator especial de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) sobre Ejecuciones Extrajudiciales, Sumarias o Arbitrarias, Christof Heyns. Es la primera gira de esta naturaleza que recibe la actual administración, la cual reitera el compromiso de México como un actor con responsabilidad global.

En un comunicado, la cancillería informó que las autoridades mexicanas revisaron con Heyns la agenda de su visita –la cual durará hasta el 2 de mayo de 2013– que prevé más de 25 reuniones con alrededor de 100 funcionarios federales y estatales, entre ellos el secretario de Marina y el procurador general de la República, así como altos mandos de la Secretaría de la Defensa Nacional, el ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, además de representantes del Congreso.

Por la tarde iniciaron los encuentros en la PGR, con la participación de los subprocuradores Jurídico y de Asuntos Internacionales, Mariana Benítez; de Derechos Humanos, Ricardo García Cervantes; de Delitos Federales, Cleominio Zoreda, y de la Subprocuraduría Especializada en Investigación en Delincuencia Organizada, Rodrigo Archundia.

El objetivo de los encuentros es evaluar los desafíos y oportunidades de México en materia de defensa de los derechos humanos. En el encuentro también intervinieron los titulares de las Fiscalías Especializadas en Investigación para los delitos contra las Mujeres y Trata de Personas (Fevimtra), Nelly Montealegre; para Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión (Feadle), Laura Angelina Borbolla; el titular del Centro Nacional Planeación, Análisis e información para el Combate a la Delincuencia (Cenapi), Mayolo Medina, y la titular de la Coordinación General de Servicios Periciales, Sara Mónica Medina.

Esta es la primera visita a México desde 1999 de un experto independiente encargado por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU para investigar e informar sobre las ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias.

El relator sostendrá encuentros con autoridades del más alto nivel de los estados de Chihuahua, Guerrero y Nuevo León. Completará su agenda en la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y otros organismos públicos autónomos en la materia a escala estatal, así como con organizaciones de la sociedad civil y académicos.

A su vez, el gobierno de México presentará al relator la política y las acciones que lleva a cabo para proteger y salvaguardar los derechos humanos, de conformidad con sus compromisos internacionales en la materia, así como la forma en que ha fortalecido sus estructuras institucionales, jurídicas y de políticas públicas.