La Auditoría Superior de la Federación (ASF) propuso a la Cámara de Diputados aprobar una ley general de gasto federalizado para ejercer control sobre las transferencias a estados y municipios, debido a que persisten uso discrecional y opacidad en esos recursos, como se demostró en las auditorías al presupuesto para la educación pública, el Seguro Popular y seguridad pública.

El auditor Juan Manuel Portal manifestó que se comprobaron desvíos para comisionados del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), plazas no localizadas, apoyos económicos y transferencia de recursos a cuentas distintas. En este caso, de los 6 mil 402 profesores en comisión, la auditoría logró recuperar 517 millones al cierre de la cuenta pública 2011.

El presidente de la Comisión de Vigilancia, José Luis Muñoz (PRD), aseveró que si persisten esas irregularidades es porque todos los actores políticos lo han permitido y hay gran discrecionalidad de los gobernantes al manejar los recursos, según tengan necesidad o de manera facciosa.

Al continuar con el análisis del informe de la cuenta pública 2011, Portal informó que los estados utilizaron de manera discrecional y con opacidad los recursos transferidos a los diversos fondos para la educación pública. Resaltó que hubo desvíos en el SNTE, en conceptos como comisionados, plazas no localizadas, apoyos económicos a las secciones sindicales y falta de comprobación de gastos.

Refirió que, por ejemplo, las observaciones hechas al Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal permitieron reintegrar mil 467 millones de pesos y se identificaron recuperaciones probables por 13 mil 383 millones.

El titular de la Auditoría Superior explicó que de la revisión al Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos también sobresalen observaciones relacionadas con pagos indebidos al personal y gastos no justificados o que no cumplen con los objetivos de dicho fondo.

Respecto del Fondo de Aportaciones Múltiples, que se utiliza para infraestructura educativa, Juan Manuel Portal explicó que se descubrió el uso de recursos destinados a otros fines y deficiencias en la adjudicación, contratación y ejecución de obra pública, así como en las adquisiciones.

Al 31 de diciembre de 2011, agregó, las entidades sólo habían ejercido 65.1 por ciento de recursos asignados a ese fondo.

Subrayó que las transferencias a estados, municipios y delegaciones del Distrito Federal ascendieron en 2011 a 1.2 billones de pesos, esto es, 32.4 por ciento del gasto neto total del sector público, y que las transferencias del gobierno federal a estados y municipios representan su principal fuente de recursos: 90 y 65 por ciento, respectivamente.

En el caso de las aportaciones al fondo de seguridad social y al Seguro Popular, señaló que se lograron recuperaciones por 4 mil 401 millones de pesos y probables por 8 mil 291 millones, derivados de irregularidades como pagos al personal no financiables con esos fondos, falta de comprobación de gasto y transferencia de recursos a cuentas bancarias de otros fondos.