La Procuraduría General de la República (PGR) está a la espera de recibir la ratificación de la denuncia penal que presentó el viernes pasado el abogado general de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Luis Raúl González Pérez, por la ocupación ilegal de la rectoría, informaron funcionarios de la dependencia federal consultados por La Jornada.

El propósito es formalizar la apertura de una averiguación previa por los delitos que se puedan tipificar. Un eventual desalojo policiaco sólo procede si lo solicita el rector o por mandato de juez competente, apuntaron.

De su lado, González Pérez informó que en el transcurso de esta semana se ampliará la denuncia penal ante la PGR.

A su vez, el doctor en derecho penal Jesús Alberto Guerrero Rojas aseguró que las autoridades de la UNAM tienen la facultad legal de pedir a la PGR el uso de la fuerza pública.

Guerrero Rojas, director general del Corporativo Jurídico Sanitario, refirió que si el abogado de la UNAM en verdad conociera de derecho penal tendría que haber recomendado ya al rector José Narro Robles que pida con urgencia el uso de la fuerza pública para desalojar el edificio.

“El artículo 141 fracción XVII del Código Federal de Procedimientos Penales faculta a las víctimas y ofendidos de un delito, en este caso a la UNAM, para que puedan exigir al Ministerio Público Federal que dicte con urgencia medidas y providencias coercitivas.

Son medidas que deben tender a proteger el patrimonio de la máxima casa de estudios. Y si Narro no lo solicita podría ser corresponsable de los daños que los ocupantes de la Rectoría ocasionen, afirmó el abogado, con más de una década de litigar asuntos penales.

Dicho artículo y la fracción normativa indican: “la víctima o el ofendido por algún delito tendrán los derechos siguientes (…): Solicitar se dicten medidas y providencias suficientes para proteger sus bienes, posesiones o derechos, contra todo acto de intimidación, represalia o daño posible, o cuando existan datos suficientes que demuestren que éstos pudieran ser afectados por los probables responsables del delito o por terceros implicados o relacionados con el inculpado”.

Funcionarios de la PGR consultados indicaron que los delitos que pudieron haber cometido quienes ocupan el edificio son daño en propiedad ajena intencional, motín, sabotajes, despojo y robo calificado.