Cuatro años después del incendio de la guardería ABC, que dejó 49 niños muertos y 80 lesionados, persiste un desorden generalizado en la gran mayoría de las mil 486 guarderías del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), pues sólo 14 cumplen los requisitos de seguridad; además, siguen impunes los ex directores del IMSS Juan Molinar Horcasitas y Daniel Karam, el ex gobernador de Sonora, Eduardo Bours, y Marcia Matilde Gómez del Campo, prima hermana de la esposa del ex presidente Felipe Calderón, entre otros responsables del accidente.

Así lo plantearon José Francisco García, presidente del Movimiento Ciudadano por la Justicia 5 de Junio, constituido por padres y madres de las víctimas, y Manuel Alfredo Rodríguez, secretario.

Informaron que ya se solicitó la intervención de Christof Heynsm, relator especial sobre Ejecuciones Extrajudiciales, Sumarias o Arbitrarias de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas (Oacnudh), para que conmine al Estado mexicano a reparar las graves violaciones a los derechos humanos.

Heynsm fue muy receptivo y mostró especial interés en el caso, dijo García, quien anunció que acudirán a la Organización de Estados Americanos, pues están en riesgo no sólo los menores que acuden a guarderías del IMSS, sino también a las estancias que la Secretaría de Desarrollo Social delegó el sexenio pasado a particulares y que están en peores condiciones.

Un ejemplo, precisaron, es el incendio que se produjo la madrugada de ayer en otra guardería subrogada del IMSS en Nogales, Sonora, cuya propietaria afirmó que en tres días restablecerá el servicio, sin que existan garantías de seguridad y sin que las autoridades intervengan para garantizar la vida de los niños.

Acompañados por Araceli Olivos, del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), y Daniel Gershenson, director de la asociación civil Alconsumidor, exigieron también a Enrique Peña Nieto que cumpla su promesa de hacer justicia en este caso.

En rueda de prensa, en el Centro Prodh, recordaron los actos de corrupción, negligencia, tráfico de influencias y desprecio a la legalidad de funcionarios de los tres niveles de gobierno, particulares y de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que reconoció la violación de los derechos humanos de los niños, pero eximió a los funcionarios mencionados.