La Comisión de Cultura del Senado se comprometió, ante representantes de la industria editorial y funcionarios, a efectuar las reformas necesarias que eliminen obstáculos para su desarrollo, tras escuchar manifestaciones de inconformidad debido al monopolio que el Estado ejerce en el sector.

La presidenta de la Comisión de Cultura, Blanca Alcalá, aseveró que existe interés no sólo de hacer leyes puntuales, sino leyes deseables y posibles en su implementación; incluso, abundó, considerar qué políticas públicas tendrían que impulsarse desde el gobierno de la República, estados y municipios.

En el diálogo El reto de la cultura en México, evaluación de los instrumentos de la Ley de Fomento para la Cultura y el Libro, la senadora Alcalá resaltó la necesidad de elevar el nivel de la lectura, ya que, dijo, sólo la mitad de los mexicanos tiene el hábito de leer, con un promedio de lectura de sólo tres libros por año, cuando en Europa es de 11.

La legisladora priísta manifestó que este encuentro se da en la víspera de la conmemoración el Día Mundial del Libro y del derecho de Autor.

El presidente de la Cámara Nacional de la Industria Editorial Mexicana (Caniem), José Ignacio Echeverría Ortega, destacó que uno de los principales problemas del sector es su baja productividad, pues en México se editan 13 mil 500 nuevos títulos al año, mientras España suma 117 mil.

Durante su intervención, el presidente de la Caniem insistió que una de las causas de esta problemática es una deficiente política, ya que prevalece un Estado editor, que produce 60 por ciento de los libros, ya que, como en Cuba y Corea, en la educación escolar México mantiene unicidad en el libro de texto, a ello se agrega la falta de planeación para indicar con anticipación de tres a cinco años a los editores cuáles serán los requerimientos en el fomento a la lectura, por lo cual más de 85 por ciento de los libros en bibliotecas y aulas son importados de España.

Echeverría Ortega abundó que además existen trabas financieras y burocráticas, pues hay un trato fiscal inequitativo, debido a que el libro está obligado a absorber el IVA y esto se refleja en el costo al consumidor; explicó que sería necesario revisar los lineamientos del Consejo Nacional del Fomento del Libro y la Lectura, ya que actualmente para registrar un nuevo libro se deben realizar 18 pasos, y hay que simplificarlo a tres o cuatro.

A su vez el director general de Ediciones Era, Marcelo Uribe, manifestó que las políticas de falsos descuentos o precios inflados sólo logran concentrar el mercado y discriminar geográficamente, ya que las personas que tienen acceso a dichas cadenas, obtienen descuentos, mientras las demás pagan una especie de multa por no comprar en esos lugares.

Uribe urgió a los senadores a modificar dos aspectos de la ley, uno es volver a la cobertura del cien por ciento de los libros o contar con sanciones que permitan aplicar correctamente la ley para ver sus resultados y abundó que en el país existe una librería por cada 200 mil habitantes, en contraste con Argentina, que es una por cada 15 mil.