El precio único de venta de libros es constitucional y no viola las garantías de libre comercio, seguridad jurídica ni de competencia económica, determinó por amplia mayoría el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

A los ministros les bastó una sesión para confirmar la constitucionalidad de la Ley de Fomento para la Lectura y el Libro, la cual fue promulgada en 2008.

Con el voto en contra del ministro presidente Juan N. Silva Meza, Luis María Aguilar (quien proyectó el dictamen aun cuando estaba en contra del mismo) y Margarita Luna Ramos, el pleno negó el amparo solicitado por la Librería de Porrúa Hermanos y Compañía SA de CV que impugnaba la constitucionalidad de los artículos 22, 24, 25 y 26 de esa ley.

En septiembre de 2011, la Corte había validado dichos preceptos, en un amparo que negó a la trasnacional Costco SA de CV. Sin embargo, esa vez la votación fue de seis contra cinco. En aquella ocasión, votaron con la minoría los mismos tres ministros, junto con Sergio Aguirre Anguiano y Guillermo I. Ortiz Mayagoitia, quienes el año pasado dejaron su cargo en manos de Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena y Alberto Gelacio Pérez Dayán.

Ayer, los nuevos ministros se sumaron a la mayoría y se obtuvo una votación contundente en favor de la constitucionalidad del precio único de venta de libros.

Porrúa Hermanos consideraba que los artículos referidos violaban la libertad de comercio, al obligar a los libreros a vender ejemplares nuevos al mismo precio durante los primeros 18 meses después de su publicación; alegaba que la disposición impedía la libre competencia, sin que existiera una causa social o colectiva razonable que lo justificara.

También señalaba que la disposición del precio único en la venta al menudeo era inequitativa, porque eximía de esa obligación al Estado, bibliotecas públicas, establecimientos de enseñanza y formación profesional, así como los libros antiguos, usados o descatalogados y los artesanales.