a reunión de primavera del Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial en Washington durante la semana pasada no fue un acontecimiento que marcara un cambio de estrategia decisivo para la gestión de la crisis económica europea, la debilidad estadunidense y la inestabilidad global que se extiende por los países emergentes.

Luego de cinco años la perspectiva sigue siendo para unos muy mala, para otros apenas representa signos pobres de recuperación y para otros más una situación de riesgos al alza para mantener el crecimiento del PIB y el empleo y la estabilidad financiera. La osadía de la enorme expansión monetaria en Japón es un asunto que dice mucho de lo que está pasando.

La política económica no acierta a dirigir las acciones del sector público y privado hacia una recuperación bien cimentada, durante años se ha castigado a gran parte de la población con un muy alto nivel de desempleo, la pérdida de ingresos y de acceso a los servicios sociales y de las viviendas, y se ha afectado el valor y las condiciones de los sistemas de retiro.

La atención se ha centrado de modo insistente en la necesidad de reducir la deuda gubernamental, considerada la causa de la crisis y el freno para cualquier proceso de recuperación sostenida. Surgió en los círculos académicos una idea de que cuando se rebasa el nivel de 90 por ciento de la deuda con respecto del PIB las condiciones del crecimiento se hacen insostenibles.

Hoy esa propuesta está fuertemente cuestionada en ese mismo medio y no es un asunto menor, no sólo para la competencia por las credenciales académicas, que es lo de menos, sino para salvaguardar las condiciones de vida de millones de personas.

Así que la directora gerente del FMI, Christine Lagarde, parece haber marcado un viraje en la concepción que hasta hace poco había mantenido de manera muy decisiva. Se afirmaba que el ajuste económico requerido por la acumulación de las deudas de los gobiernos y de las familias, junto con su efecto adverso en el sistema bancario y financiero en general, requería la imposición de una fuerte austeridad fiscal, como ocurrió en el caso de los países de la zona del euro.

No estaba sola en esa obsesión, sino que era parte de un esfuerzo conjunto, que en el caso europeo está formado por la llamada troika: el propio FMI, la Unión Europea (UE) y el Banco Central Europeo(BCE). El comisionado de asuntos económicos de la UE, Olli Rehn, aparece como un cruzado del ajuste recesivo; el presidente del BCE, Mario Draghi, mantiene una especie de doble discurso para aplacar la embestida de los inversionistas, pero su fe está puesta, igualmente, en la austeridad. En Europa lo que se ha conseguido es una fuerte recesión y gran inestabilidad política, que tiende a afectar incluso a la misma Alemania, cuyo gobierno marca las pautas de las políticas regionales.

Ahora desde el FMI se sigue sosteniendo (ver el comunicado de la 27 reunión del Comité Monetario y Financiero Internacional del 20 de abril) que tales políticas han desactivado los riesgos de corto plazo, no obstante de que siguen apareciendo casos de insostenibilidad fiscal y financiera. Se dice también que se está perfilando una recuperación desigual, pero el crecimiento y la creación de empleo aún son demasiado débiles.

De ahí empiezan los planteamientos de qué se debe hacer, aunque cómo hacerlo es una lista de medidas difícil de implementar. La verdad, no se advierte una clara dirección para evitar lo que el propio FMI llama una economía mundial de tres velocidades, que tiende a la inestabilidad general, y a una redefinición del entusiasmo por la globalidad de hace apenas unos años.

Por lo que hace a las economías emergentes se planteó que las que experimentan un crecimiento relativamente elevado deberían comenzar a reconstituir el espacio de la política económica; por su parte, las que están expuestas a flujos de capitales volátiles deberían evitar vulnerabilidades financieras.

Así que el balance aún aparece como bastante precario y las renovadas concepciones del FMI y de su equipo de economistas no apuntan a una alteración suficiente de los criterios técnicos y políticos con los que administra la crisis y sus efectos en la periferia. El viraje propuesto por Lagarde es limitado, exige una cooperación política de la Unión Europea, Estados Unidos y Japón que no sera fácil conseguir cuando prevalecen intereses nacionales muy fuertes.

Por otra parte, los riesgos que se advierten en los países emergentes son muy similares a los que han ocurrido en otras etapas de desequilibrios fiscales y monetarios desde la mitad de la década de 1970. Ahora hay más experiencia e instrumentos para limitar las repercusiones que empujan a una crisis. Pero los flujos de capital siguen como un elemento de inestabilidad muy grande, y las condiciones para una nueva etapa de crecimiento tiene restricciones estructurales que no se han superado.

Mientras, México apareció en la reunión de Washington como un caso predilecto por la estabilidad financiera alcanzada y por las propuestas de reformas del nuevo gobierno que se espera apuntalen la inversión, la competencia y el crecimiento. Para eso falta mucho y hasta ahora hay demasiadas fricciones con lo que ya se ha empezado a hacer. Ya veremos.