l derecho, ese concepto occidental que recibimos como herencia de la cultura latina, cuyo centro de irradiación fue Roma, en su acepción más común es un concepto de reglas armónicas que permiten la convivencia pacífica y justa de los seres humanos en las sociedades en las que éstos se organizan y desenvuelven. A partir de la Ilustración y en especial con la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano en la Revolución Francesa, el concepto se afinó o se precisó en un punto fundamental, se hizo plural también y a partir de entonces los derechos humanos fueron sustancialmente limitaciones al poder público.
En ese gozne de la historia, el pueblo indignado ante una monarquía insensible e insensata, que permitía o cometía abusos sin fin, en un motín histórico derrumbó la Bastilla –la cárcel simbólica llena de presos privados arbitrariamente de su libertad, detenidos sin saber ellos por qué, sin juicio ni sentencia– y declaró a partir de entonces hasta dónde podría llegar la acción de la autoridad y cuáles son los ámbitos de las libertades de los gobernados que quedan fuera del alcance del poder público.
El derecho, así, sirve para ordenar la convivencia humana, pero también, y principalmente, para poner límites a los abusos de quienes tienen el mando y el control. En México tenemos en la Constitución varias instituciones encaminadas a ese fin, en primer lugar la declaración formal de las garantías individuales, ahora derechos humanos, el juicio de amparo y las comisiones de derechos humanos.
Tenemos también reglas procesales que los agentes de la autoridad deben cumplir, aun cuando no siempre lo hagan. El actual gobierno, que llegó al poder bajo graves sospechas de compra de votos y otras anomalías, en varios casos muy conocidos, ha corregido atropellos cometidos por el gobierno anterior. Están los del subprocurador recientemente liberado, el del ex subsecretario de la Defensa Nacional, el de la ciudadana francesa acusada de secuestro y algunos otros más; sin embargo, en forma incongruente, está cometiendo las mismas arbitrariedades y abusos que ahora critica y corrige de su predecesor.
Un caso emblemático es el del profesor Felipe Rodríguez Aguirre, a quien conocí en la 57 Legislatura federal como un dirigente comprometido, de izquierda y reconocido por su conducta congruente con sus convicciones, además de buen compañero de bancada.
El profesor Rodríguez es dirigente de la Unión Popular Revolucionaria Emiliano Zapata y el 21 de marzo pasado fue detenido arbitrariamente por varios personajes vestidos de negro, encapuchados y fuertemente armados, que no se identificaron como policías y viajaban en vehículos sin placas.
El profesor se encontraba a varios kilómetros de distancia de una manifestación que su grupo llevaba a cabo; no había flagrancia ni orden de presentación o de aprehensión, por lo que su detención fue por todos conceptos ilegal. No pararon ahí los atropellos; durante más de veinticuatro horas no fue presentado ante la autoridad judicial y recibió amenazas, malos tratos y vejaciones. Cuando fue consignado, se le atribuyeron delitos que no cometió, ataques a las vías de comunicación agravadas por la acusación de pandilla y asociación delictuosa.
A la postre, el profesor fue liberado por un juez, mediante el otorgamiento de una fianza, pero continúa sujeto a proceso. Se trata, como en los atropellos cometidos en el sexenio anterior, de un evidente ejercicio político de la procuración de justicia encaminado a intimidar a quienes se manifiestan críticos de los gobernantes y exigentes en defensa de los derechos del pueblo.
No hay diferencias de esencia entre los casos del general Tomás Ángeles y del subprocurador Noe Ramírez Mandujano, quienes fueron acusados, por ocultas razones políticas, a partir de imputaciones falsas, y el caso del profesor Felipe Rodríguez, que fue apresado sin formalidad alguna y violando sus derechos individuales, como una medida de carácter político y con objeto de intimidarlo a él y a su organización, lo cual desde luego no sucedió.
No se puede tolerar que se usen las instancias policiacas y de procuración de justicia con finalidades políticas, práctica que lamentablemente llevó a extremos inaceptables el gobierno de Felipe Calderón, pero que el actual gobierno parece continuar. A nadie se le oculta que agentes del Ministerio Público y jueces muchas veces se ven obligados a sujetarse a las consignas de carácter político que les son dictadas desde el poder formal o informal.
Una protesta solidaria por el atropello cometido al compañero Felipe Rodríguez y una exigencia de congruencia a las autoridades federales que tienen a su cargo resolver su situación jurídica.
Mi pésame por la muerte del amigo Manuel López Gallo, inteligente y comprometido. Recuerdo, entre otros, su libro de historia: Las mentiras de Krauze.
