n días pasados tuvieron lugar dos hechos que dan cuenta de la situación que guardan las violaciones a los derechos humanos de las juventudes en el Distrito Federal. El 8 de abril el Tribunal Superior de Justicia (TSJDF) dio a conocer por fin su sentencia sobre el caso News Divine, y el 10 de abril la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) emitió la recomendación 07/2013, en relación con lo que sucedió el 1º de diciembre de 2012 en el Centro Histórico. Ambos casos suscitaron una fuerte preocupación acerca de las posibilidades que tienen las juventudes para acceder a la justicia. Como se sabe, el primero se originó a partir de un trágico acontecimiento en la delegación Gustavo A. Madero. El 20 de junio de 2008 elementos de la Secretaría de Seguridad Pública (SSPDF) ingresaron a una discoteca, con la finalidad de realizar una visita administrativa. Ahí se encontraban departiendo jóvenes de diversas edades. El operativo, carente de toda planeación, obligó a que dentro del inmueble los policías trataran de desalojarlo, mientras otros uniformados que se encontraban fuera impedían que las y los jóvenes salieran de dicho establecimiento. Esto produjo una aglomeración en su acceso, que cobró la vida de nueve personas, cuatro menores de 18 años y de tres servidores públicos.

Han pasado casi cinco años de lo sucedido, y las familias de los jóvenes fallecidos siguen exigiendo justicia. La CDHDF emitió en julio de 2008 la recomendación 11/2008 al Gobierno del Distrito Federal (GDF) y a diversos órganos de gobierno, la cual fue aceptada en sus términos. Sin embargo, hasta la fecha no ha sido cumplida del todo. Al revisarla, nos damos cuenta que el GDF no ha respondido a puntos que debió solventar desde hace tiempo. Por ejemplo, al día de hoy no se cuenta con un memorial en el inmueble de la entonces discoteca. También, y este es un aspecto que afecta a todas las juventudes en la ciudad capital, no se ha implementado una política pública integral para este sector. Igual de grave es que las autoridades de la delegación Gustavo A. Madero hayan hecho caso omiso para mejorar las condiciones del panteón donde se encuentran sepultadas las nueve personas. En general, no parece existir voluntad en el gobierno para respetar la dignidad y memoria de las víctimas. Algunas recomendaciones de la CDHDF han sido cumplidas parcialmente y/o de manera inadecuada. Otras tuvieron que ser reabiertas por falta de procesos efectivos en la creación de cuerpos policiacos mixtos, especializados en intervención con jóvenes y resolución no violenta de conflictos; a la ausencia de protocolos de actuación policial conforme a los instrumentos internacionales de derechos humanos, y a la carencia de los debidos mecanismos de evaluación de la policía.

Con su sentencia, el pasado 8 de abril el TSJDF condenó a prisión a 19 personas responsables de la tragedia del News Divine. Ello no obstante, las familias de las y los nueve jóvenes fallecidos la apelarán, debido a que no solventa su exigencia de justicia. Y por ello, la CDHDF ha solicitado formalmente a la Procuraduría de Justicia del D.F. (PGJDF) acompañar a la víctimas en dicho cometido. Desde la perspectiva de las familias y de organizaciones de la sociedad civil, como cauce ciudadano, dicha sentencia no está apegada al respeto de los derechos humanos, y no cumple con los acuerdos que en años pasados se habían tomado entre los familiares y el GDF. Es además indignante que en la sentencia ni siquiera haya sanciones administrativas a los altos mandos que en ese entonces ordenaron el operativo. Todo esto, aunado al trato que el mismo presidente del TSJDF dio a las familias, pues no sólo no les informó de manera previa, sino que también les negó el ingreso al acto donde la dio a conocer públicamente. El 1º de diciembre de 2012 ciudadanas y ciudadanos se manifestaron en el Centro Histórico y sus alrededores con motivo del cambio de Poder Ejecutivo federal. Durante esos hechos se cometieron también graves violaciones a los derechos de las personas, principalmente contra las y los jóvenes que hacían uso de su derecho a la protesta. La CDHDF abrió una investigación que dio paso, aunque tardíamente, a la recomendación 07/2013, la cual se dirige igualmente a órganos del GDF, como la SSPDF y la PGJDF, entre otros. En dicha recomendación se hacen evidentes las violaciones al derecho a la seguridad ciudadana; a la libertad y seguridad personal, en relación con el debido proceso; a la integridad personal, y a los derechos a la libre manifestación y a la protesta. Es necesario que el GDF acepte en sus términos dicha recomendación, ya que es urgente atender los puntos que ahí se señalan. Por ejemplo, la revisión de los protocolos emitidos por la SSPDF en relación con la actuación policial en el control de multitudes, así como en relación con la detención de infractores y probables responsables, cuidando en todo momento la cadena de mando, lo cual hace indispensable la colaboración de la CDHDF y de las organizaciones sociales, para que den sus opiniones y hagan propuestas sobre estos temas. Otro ejemplo son los puntos dirigidos a la realización de un acto público de reconocimiento como medida de satisfacción y el de iniciar con la debida diligencia investigaciones para sancionar a funcionarios responsables de las graves violaciones a los derechos de las 102 personas de las que da cuenta la recomendación. Desde hace muchos años hemos dicho que las investigaciones sobre violaciones a derechos humanos deben identificar claramente la cadena de mando, desde el agente del Estado que comete la violación, hasta las altas autoridades que la mandatan.