El juicio histórico contra el ex dictador Efraín Ríos Montt y el genocidio que se cometió durante los 17 meses de su mandato en los años 80 no tiene que ver sólo con enjuiciar a un par de militares viejitos, sino con la posibilidad de que exista un fallo judicial que determine que “aquí hubo genocidio y hay un poder –el mismo de hoy es el de entonces– que es racista en su naturaleza”.

Explica Claudia Samayoa, coordinadora de la Unidad de Protección de Defensores y Defensoras de Derechos Humanos de Guatemala, que fue precisamente por eso que, cuando el tribunal que preside la jueza Yasmin Barrios se acercaba a una conclusión, se activó un gran movimiento de la derecha y la centroderecha, de los militares en retiro y en activo, de las cúpulas agroindustriales y económicas, y los medios de comunicación. “Todos cerraron filas en defensa del statu quo.” Y éste, subraya, se estructura a partir del racismo que se manifestó en su forma más violenta durante el conflicto armado, pero que sigue vigente.

Y es por eso, añade en entrevista telefónica, hay toda esta resistencia para impedir llegar al fondo de nuestra historia.

Claudia Samayoa, una más de los al menos 2000 defensores de los derechos humanos que han sufrido amenazas y agresiones por trabajar en las plataformas de denuncia en su país, estuvo, con muchos de sus colegas, en la desconcertante sesión del juicio a Ríos Montt del jueves, la vigésima sesión, donde todo lo actuado en el proceso fue declarado nulo. Y estuvo también en la sesión de ayer viernes, aparentemente la última de esta etapa histórica, en la que otra jueza, Yasmín Barrios, anuló la anterior anulación.

Esta es su explicación de lo que parece ser el prólogo de una gran batalla entre jueces, fiscales y ministerios públicos; un bando que sigue reproduciendo el patrón de un sistema judicial corrupto, sujeto a presiones y sometido al poder militar, y otro, de nueva generación, que intenta depurarse.

Desde el inicio del juicio contra Ríos Montt la defensa presentó más de 100 amparos en distintas instancias con el único fin de entorpecer el proceso. El problema es que la Corte de Constitucionalidad no ha dado una respuesta clara para despejar el camino. Y a partir de ahora sí lo tiene que hacer, o, caso contrario, asumir el escarnio público por haber sido garante de la impunidad.

Por lo pronto, el juicio queda en suspenso hasta dentro de 10 días.

Samayoa intenta ver más allá de la pesimista visión del momento: Hay una lección. En la sala de vistas de la Corte, ayer, los asistentes indígenas no lloraban. Llorábamos nosotros, los no indígenas. Luego nos explicaron que para ellos esta anulación, aún ilícita, es apenas un tropiezo. Nos decían: hemos sobrevivido peores, nosotros finalmente pudimos hablar y podremos superar este tropiezo. Si no, ¿cómo explicar que la sesión de hoy se convirtiera la vista en una fiesta? Porque hay la convicción de que, pese a todo, este es un paso enorme hacia un cambio aún impensable en la Guatemala actual.

El jueves, víspera de la sesión en que los equipos jurídicos de la defensa y los querellantes tenían que presentar sus conclusiones y en el momento en el que el tribunal debía dictar su sentencia, todos los peritajes, todas las declaraciones y testimoniales sobre los actos de genocidio cometidos en el área ixil hace 30 años quedaron sin efecto.

Sobre ello escribe hoy en El periódico el analista Gustavo Berganza: “En estos días la preocupación en el patio castrense es que una eventual condena a Ríos extienda la persecución judicial a todos los que tuvieron puestos de mando durante la guerra… Estamos casi como en 1980: con la derecha urbana, ladina y pudiente del lado del ejército y minimizando o negando los efectos de 33 años de guerra. La diferencia es que en estos días las víctimas se atrevieron a hablar y están siendo escuchadas”.