Washington, 19 de abril.

El ejercicio anual del gobierno estadunidense de calificar la situación de los derechos humanos en el mundo –algo que sólo un país en el planeta se atreve a realizar– se enfocó en la reducción de lo que llama el espacio para el activismo de la sociedad civil e incluyó severas evaluaciones para Cuba y Venezuela.

El Departamento de Estado afirmó, en su resumen mundial, que en 2012 los gobiernos continuaron reprimiendo o atacando los medios por los cuales los individuos pueden organizar, juntarse o demandar mejor gestión de sus gobernantes. De Irán a Venezuela, represiones sobre la sociedad civil incluyeron nuevas leyes obstaculizando o anulando libertades de expresión, asamblea, asociación y religión; mayores restricciones a organizaciones que reciben financiamiento desde el exterior, y el asesinato, hostigamiento y arresto de activistas políticos, de derechos humanos y laborales.

El resumen destaca ejemplos de ese tipo de acciones durante 2012 en los casos de Rusia, Egipto y Bangladesh, entre otros. También subraya la evolución de la llamada primavera árabe en el norte de África y Medio Oriente, con los países que encabezaron esa transformación procediendo la protesta apolítica con diversos tipos de experiencias, pero muchos enfrentando una represión brutal por regímenes determinados para aplastar la voluntad popular. Resalta, sobre todo, la situación de Siria, donde el régimen de Assad continuó brutalizando a su pueblo.

Aborda la libertad de expresión resaltando que aunque ésta se vio amenazada en 2012, el creciente acceso a información y nuevos modos de comunicación resultó ser algo que cambió el juego, particularmente en sociedades cerradas, donde la gente enfrenta restricciones a sus libertades fundamentales de asamblea pacífica y asociación. En torno a ello, subrayó ejemplos en Corea del Norte, Filipinas y más. Sin embargo, recordó que 2012 fue difícil para los medios tradicionales, donde el número de periodistas encarcelados se incrementó de 53 en 2011 a un número sin precedente: 232, según el Comité de Protección de Periodistas, con Turquía como el gobierno con mayor número de periodistas encarcelados. Hace mención especial a Ecuador, recordando que el presidente Rafael Correa llamó a la prensa su peor enemigo.

También criticó a gobiernos que usan esfuerzos antiterroristas como pretexto para suprimir la libertad de expresión. Aquí menciona a Etiopía y Kazajistán.

El resumen selecciona tres países para resaltar en la región del hemisferio occidental –Cuba, Venezuela y Honduras. Secciones sobre cada uno de estos países se incluyen en el informe mundial.

En el caso de Cuba, el Departamento de Estado reiteró que sigue bajo un régimen autoritario, en el cual el derecho de los ciudadanos para cambiar su gobierno está anulado y el régimen mantiene severas limitación sobre libertades de expresión, prensa y académica, y acceso a Internet severamente limitado. Acusa que detenciones políticamente motivadas, algunas violentas, alcanzaron niveles récord en 2012 y el gobierno empleó amenazas, intimidación, pandillas y hostigamiento para prevenir la libre expresión y asamblea pacífica.

El informe sostiene que a finales de año aún rehusaba una investigación independiente sobre el accidente que mató a Oswaldo Payá. También criticó el monitoreo de comunicaciones privadas y restricciones a grupos de derechos humanos, así como sobre los derechos laborales. La mayoría de los abusos a los derechos humanos fueron actos oficiales cometidos bajo dirección del gobierno y consecuentemente los responsables gozaron de impunidad por sus acciones.

En la sección sobre Cuba, el informe reconoce varias cosas que contrastan con muchos países de la región: no hay informes de asesinatos extrajudiciales ni desapariciones. También tuvo que reconocer esfuerzos contra la corrupción oficial. Además, reconoció leyes y prácticas contra la discriminación de mujeres, incluyendo el pago igual por trabajo igual.

En torno a Venezuela critica que se continúa politizando el sistema judicial e impide la libertad de expresión. Expresa que el poder judicial es utilizado para intimidar y perseguir selectivamente a líderes políticos o de la sociedad civil críticos del gobierno.

Indica que los principales abusos de derechos humanos incluyen corrupción, ineficiencia, la politización del sistema judicial y que algunas ONG reportan asesinatos y tortura por elementos de la policía, entre otras cosas.

El informe completo se puede ver en: www.state.gov/j/drl/rls/hrrpt/humanrightsreport/index.htm#wrapper.