Con la aprobación de una reforma educativa que no fue ‘‘consultada a nadie’’, y la discusión entre la cúpula política de las modificaciones a las leyes secundarias, se confirma que el objetivo central para esta administración no es la calidad de la educación, sino ‘‘imponer un modelo formativo en el que primero está el control del magisterio y después los resultados del aprendizaje’’, señalaron especialistas en políticas educativas.

Luego que el secretario de Educación Pública, Emilio Chuayffet Chemor, aseguró que las modificaciones a los artículos tercero y 73 constitucionales tendrán que consumarse por la vía democrática, Lucía Rivera, investigadora de la Universidad Pedagógica Nacional (UPN), señaló que frente a un problema de gobernabilidad en el sistema educativo nacional ‘‘no hay una verdadera discusión. Se impone una visión que reduce todo a la evaluación de los maestros, como si fueran los únicos responsables del deterioro educativo’’.

Recordó que el funcionario se comprometió a impulsar un sistema profesional docente en el que se evalúe en el ingreso, en la promoción, para la permanencia en el servicio y como parte de su desarrollo profesional, lo que se traduce, enfatizó, en la ‘‘aplicación de los acuerdos firmados en 2008 con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), donde se establece claramente que el profesor que no apruebe los exámenes estandarizados se va’’.

Hay una posición ‘‘rígida, cerrada, donde lo que importa en realidad es el control del magisterio. Hacer del docente un empleado dócil, obediente y que dé resultados en un modelo de trabajo de maquila. Se trata, no de una reforma educativa, sino administrativa, que establece nuevas condiciones de contratación, permanencia y ascenso, pero que no tiene como fin mejorar la calidad de la enseñanza en el aula’’.

Al respecto, Sergio Martínez Romo, experto en el sistema educativo nacional y catedrático de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), enfatizó que si bien se ha impulsado cierta consulta sobre la reforma, ésta no ha sido ‘‘suficiente ni estratificada’’, y advirtió que el Pacto por México ‘‘no puede legitimarla, pues se requiere de acciones que tengan resultados posibles sobre los cuales se trabaje. No podemos esperar cinco años’’.

Agregó que abrir una consulta ‘‘democrática’’ implica determinar ‘‘cómo se va a coordinar este esfuerzo cuando quienes participan tienen contextos muy diversos por región, por entidad y por situación sociocultural’’.