La investigación que posiblemente inicie la Procuraduría General de la República (PGR) contra el testigo protegido Jennifer será una pérdida de tiempo y un gasto inútil para el Ministerio Público Federal si no se incluye en las pesquisas al ex presidente Felipe Calderón y a sus ex colaboradores Eduardo Medina Mora, Marisela Morales Ibáñez y Genaro García Luna en calidad de inculpados, pues está quedando claro que toleraron fabricación de pruebas y manipulación de testigos, coincidieron en señalar los penalistas Jorge Reyes Peralta, Eduardo Miranda Esquivel, Jesús Alberto Guerrero Rojas y Ricardo de la Garza.

Entrevistados por separado, los litigantes sostuvieron que la PGR cuenta con elementos probatorios suficientes (entre ellos diversas resoluciones judiciales) para imputar al testigo Jennifer y a las anteriores autoridades panistas responsables de la procuración de justicia y de la seguridad pública los delitos de abuso de autoridad, contra la administración de la justicia y falsedad de declaraciones, entre otros.

Alberto Guerrero Rojas, abogado penalista y director del Corporativo Jurídico Sanitario, sostuvo que en el caso de los testigos protegidos la administración de Felipe Calderón ha demostrado otra vez su carácter mediocre y ofensivo hacia las instituciones.

El jurista indicó que es vergonzoso que una figura que tiene mucho éxito en diversos países desarrollados (testigos colaboradores), en México sea herramienta de eliminación de funcionarios incómodos o de personajes que pudieran contravenir intereses de amigos o incondicionales en la carrera política de un hombre o, peor aún, para incrementar la credibilidad de un gobierno que nació de elecciones cuestionadas.

Espero que las autoridades del gobierno de (Enrique) Peña Nieto tengan los tamaños suficientes para iniciar acciones contra los responsables de esta indignidad mundial: me refiero a Genaro García Luna, Marisela Morales y Eduardo Medina Mora, hoy indignamente nombrado embajador de México en Estados Unidos, y al propio Calderón, expuso.

En el mismo sentido, Jorge Reyes Peralta, presidente del Colegio Nacional de Abogados Penalistas –una de las agrupaciones de litigantes más influyentes del país–, refirió que las excarcelaciones de Noé Ramírez Mandujano y del general Tomás Ángeles vinieron a dar la razón al actual titular de la PGR, Jesús Murillo Karam, cuando expresó haber encontrado una institución desmantelada, de la que sus antecesores abusaron de los testigos protegidos y de la figura del arraigo.

El abogado veracruzano expuso que desde hace varios años hemos denunciado las graves anomalías que eran los montajes de García Luna, la fabricación de culpables de Marisela Morales y los golpes mediáticos que nos llevaron a tener la concepción de que México era un Estado fallido.

Eduardo Miranda Esquivel, presidente de la Unión de Juristas de México –organización de corte progresista que apoyó la campaña del ex candidato presidencial Andrés Manuel López Obrador–, dijo que es urgente para la PGR superar la grave crisis de justicia que prevalece en el país y la falta de profesionalismo, transparencia y credibilidad en la actuación de fiscales y agentes del Ministerio Público.

Este asunto y otros similares del gobierno de Calderón, si se investigan, podrían hacer visibile que se utilizó la figura del testigo protegido de manera abusiva y facciosa para meter inocentes en las cárceles y culpables en las calles, partiendo de intereses extrajurídicos y coyunturales, refirió Miranda Esquivel.

Finalmente, Ricardo de la Garza, abogado independiente con más de 20 años de experiencia en la defensa de asuntos relacionados con delincuencia organizada, expuso que la figura de testigo protegido, prevista en la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, debe ser revisada en virtud de que se ha prestado para cometer injusticias y prefabricar culpables a partir de testimonios poco confiables de personas que generalmente han sido miembros del crimen organizado.

El pasado lunes, al absolver a Noé Ramírez Mandujano, ex titular de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada implicado en la llamada Operación Limpieza, un juez federal de Nayarit dio vista a la PGR para que inicie una averiguación previa contra quienes fabricaron pruebas contra el ex subprocurador.

Dos días después, otro juez federal ordenó la inmediata liberación del general Tomás Ángeles Dauahare.