e gusta imaginar que el mundo o la sociedad puede atravesar un proceso paralelo a los ciclos humanos: la infancia, la juventud, la vejez o tercera edad… una metáfora un tanto evolucionista, un poco lineal, al fin de cuentas, una lente para ver el mundo.
México es un país de jóvenes, la transición demográfica (la disminución de la tasa de crecimiento y de mortalidad, la ampliación de esperanza de vida) llevó al momento actual del mayor número histórico de jóvenes, y para el año 2035 alcanzaremos una concentración de jóvenes adultos entre 25 y 30 años; a partir de ese año se revertirá la tendencia. Para 2050 entraremos a una etapa avanzada, con una concentración de población en etapa de envejecimiento. Cuando nuestras masas de jóvenes pasen a la tercera edad, su inserción social y calidad de vida dependerá de los logros anteriores, será el producto de la preparación colectiva que la sociedad realice desde ahora.
Por lo pronto, las masas están en la etapa de formación, productividad y experimentación, la intensidad de esos procesos definen una plena juventud.
Pero por desgracia, hasta ahora el Estado ha mostrado un gran desprecio hacia la juventud. Se necesita renfocar la política para que la mayoría de la población viva una juventud plena y llegue en buen estado a la madurez. Se logró disminuir el crecimiento poblacional, pero no disminuyeron las desigualdades sociales ni la violencia ni la discriminación por género. A los 15 años el 18 por ciento de los jóvenes (12-24) ya está fuera de la escuela, la mitad lo estará a los 18 años. Las razones del abandono escolar son diversas, 40 por ciento dejó la escuela para trabajar y por falta de dinero; hay quienes tienen un horizonte limitado y consideran que con la secundaria, o con la prepa se acabó la etapa de estudiar. La mayoría de estos jóvenes están en el empleo informal: trabajan con horarios largos, muy bajo ingreso y sin prestaciones; 26 por ciento de las mujeres con secundaria y 31 de las que tienen prepa abandonaron la secundaria por unión marital y embarazo. Los desempleados y desempleadas son jóvenes con mayor nivel educativo, cuentan con una familia que puede costear el desempleo.
Como sociedad y como Estado, le hemos fallado a la juventud, al excluirlos del estudio y del empleo los hemos empujado a la violencia y expulsado del país. El 62 por ciento de los jóvenes y el 31 de las jóvenes mueren en actos violentos, la mitad de esas muertes, son por homicidio; el suicidio aumentó en la última década 31 por ciento entre jóvenes, no todos pueden enfrentar el vacío. De los 7.8 millones de jóvenes que ni estudian ni trabajan, 75 por ciento son mujeres: menos de 10 por ciento de ellas tiene un empleo remunerado, 15 por ciento ya tiene uno o dos hijos. Las mujeres pobres y sin secundaria viven la primera relación sexual, la unión y la maternidad más tempranamente y como fenómenos inseparables. En algunas comunidades indígenas persisten prácticas de matrimonios arreglados, todavía se compran esposas de 13 años por 60 mil pesos, a veces las casan antes de emigrar al norte o al otro lado. La tercera parte de quienes emigran a Estados Unidos son jóvenes de 12 a 29 años; 24 por ciento de las emigrantes se hacen madres allá, antes de cumplir los 18 años. Ni allá ni aquí las mexicanas ejercen sus derechos sexuales y reproductivos. En el país se denuncian 15 mil violaciones anualmente, de ellas el 5 por ciento adquirirá una infección sexual y 10 por ciento quedará embarazada. Los grupos indígenas presentan los más altos índices de mortalidad materna, 11 por ciento de las muertes maternas son por aborto. En vez de atenderlas en los hospitales los médicos las mandan a la cárcel, se denuncian 226 mujeres al año por aborto; aunque el aborto por violación está justificado en todo el país desde hace 80 años, el servicio es inaccesible por la discriminación hacia las mujeres que lo solicitan. El acceso a la interrupción del embarazo por decisión de la mujer sólo se puede ejercer en el DF. Por si fuera poco, en el Centro Nacional para la Salud de la Infancia y la Adolescencia no han detenido la iniciativa que nos heredó la administración anterior, en la NOM-047 se pretende discriminar a las y los adolescentes al exigir el consentimiento de los padres de familia para dar servicios de salud sexual y reproductiva.
Es urgente diseñar una nueva política de población y un nuevo Consejo Nacional de Población que retome los retos del siglo XXI, que invierta en las nuevas generaciones y encabece una agenda intersectorial con base en el país que queremos. Un Conapo que genere información y analice las implicaciones del factor demográfico en todos los planes y programas de gobierno, que integre la dinámica poblacional con el empleo, la educación y la salud, con el medio ambiente, la distribución territorial y los procesos migratorios, que construya mecanismos de coordinación con los estados y los municipios. Que coloque en el centro los derechos humanos, la equidad de género y la seguridad y, sobre todo, que vaya más allá de la simulación y mejore las condiciones de la población.
Pero en vez de dar prioridad a la población joven, el Viernes Santo desaparecieron al Instituto Mexicano de la Juventud (IMJ), así, sin abrir un diálogo con las organizaciones civiles ni con los especialista para cambiar esa figura institucional. Por órdenes del Ejecutivo bajaron el perfil del IMJ al hacerlo parte de la Secretaría de Desarrollo Social; el lugar donde se operan programas asistencialistas impide empoderar a las y los jóvenes como actores estratégicos para el desarrollo y el cambio que México necesita. Qué más decir que el riesgo de someter la política de juventud a prácticas clientelares y electoreras, tal como se están denunciando en estos días y que, por desgracia, no son novedad.
Decía Miguel Hernández que cuando el fuego del alma comienza a helarse es porque se pasó a una etapa posterior a la juventud. ¿Por qué no soñar que México podría mantener ese fuego en creciente, por muchas décadas?
Twitter: @Gabrielarodr108
