La fracción del PRI en la Cámara de Diputados presentó en la sesión ayer una iniciativa de reforma constitucional que garantice que la Federación, los estados y los municipios promuevan la libre y responsable participación de los jóvenes en la vida social, cultural, económica y política del país.

Jesús Valdés, legislador del PRI, expuso la necesidad de garantizar la integración activa de ese sector en la sociedad, e impedir con ello que las mafias de la delincuencia continúen haciendo campo de cultivo en esa población.

La juventud es una etapa en la cual el ser humano se está definiendo y tomando decisiones sobre gran cantidad de cosas nuevas y tareas, ya que la expectativa de vida da a la propia existencia un sentido diferente, más rico y libre del simple circuito infancia, escuela, trabajo, matrimonio y vejez. A estos factores se han sumado la violencia, la inseguridad pública, el desempleo y el narcotráfico, que es un constante problema que el día de hoy afecta a muchos jóvenes que se sienten sin opciones, y ahí está el riesgo”.

Según la propuesta, las actividades respectivas de la administración pública federal serán coordinadas por el Instituto Mexicano de la Juventud, que garantizará la integración activa y democrática de los jóvenes y la sociedad en el diseño, dirección, gestión y control de estas políticas públicas.

La argumentación elaborada por el diputado Valdés refiere las adversidades a que se enfrenta la juventud en el país. Si se requiere vivienda, se tendrá que competir en condiciones de gran desigualdad en el mercado, e incluso deberá soportar la discriminación, siempre vejatoria, a que con mucha frecuencia son sometidos los jóvenes que aspiran a rentar un inmueble.

Si fuera necesario conseguir empleo, señala, el joven encontrará muy a menudo que la educación proporcionada por el Estado es insuficiente, cuando no obsoleta, para satisfacer los requerimientos del mercado de trabajo, y será el primero en perder su empleo en caso de crisis.

También en el ámbito político, si la juventud quiere ejercer sus derechos políticos se topará con un sistema de partidos elaborado para la conservación de privilegios, que les hará desperdiciar años, energía e idealismo en las oficinas burocratizadas y subordinadas.

Los más de 100 millones de jóvenes que hoy viven en Latinoamérica son el eje central de los principales problemas de la región, el desempleo y la inseguridad ciudadana, y constituyen además un factor de gran relevancia en el ámbito de la fragilidad democrática.

La iniciativa, que fue turnada a la Comisión de Puntos Constitucionales, apunta que la juventud es un actor social que no está contemplado en el contenido de la Constitución, a pesar de que ese sector tiene necesidades particulares específicas. Con esta reforma se propone añadir una obligación específica del Estado, diferenciar entre minorías de edad y juventud, en el entendido de que ambos conceptos actúan conjuntamente y existe una zona de confluencia entre ambos.

Así, se daría una nueva connotación a los jóvenes al extraerlos del concepto de grupo vulnerable, que requiere protección paternalista y esterilizante, para ubicarlos como individuos capaces de desplegar una gran capacidad creadora y la atención que reclama en el ámbito de la organización nacional.