El Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (Ifai) declaró como reservado el número de averiguaciones previas interpuestas contra Carlos Salinas de Gortari y Manuel Camacho Solís de 1994 a 2012, por considerar que la difusión de ese número no es relevante y puede afectar su honor y buen nombre.

El presidente del Ifai, Gerardo Laveaga –responsable de dicha ponencia–, indicó ayer durante la sesión plenaria del organismo que un particular solicitó información a la Procuraduría General de la República (PGR) sobre las conclusiones del caso del asesinato de Luis Donaldo Colosio, la situación actual de Mario Aburto en el penal en que se encuentra por el asesinato de quien fuera candidato presidencial del PRI, y el número total de averiguaciones previas contra Salinas y Camacho.

Caso Colosio

En su respuesta, la PGR indicó que las conclusiones de la indagatoria sobre Colosio están en su portal de Internet; aclaró al solicitante que la información sobre Aburto está en manos de la Secretaría de Seguridad Pública –encargada del sistema penitenciario– y se negó a brindar el número de averiguaciones previas, argumentando que dañaría el proceso de impartición de justicia y el sigilo obligado en ese tema.

El peticionario se inconformó únicamente con este último punto y presentó un recurso de revisión ante el Ifai. Al analizar el asunto, Laveaga propuso confirmar la reserva de la PGR, pues coincidió en que el dato pedido puede vulnerar el derecho a la inocencia y la privacidad de los dos personajes citados.

Los comisionados Jacqueline Peschard y Ángel Trinidad se opusieron a la reserva, alegando que la privacidad de los funcionarios y ex funcionarios tiene un peso menor que el derecho a la información, y que en casos similares el Ifai se había pronunciado por difundir los datos. Sin embargo, sus pares Sigrid Arzt y María Elena Pérez-Jaén respaldaron la ponencia de Laveaga. De esta manera, por una votación dividida de tres votos contra dos, el Ifai respaldó la reserva decretada por la PGR.

En la misma sesión, el organismo de transparencia determinó que no va contra el derecho a la información el hecho de cobrar las copias certificadas que le da un sujeto obligado a quien solicita acceso a esos documentos. Lo anterior, a propósito de un caso en que una mujer se inconformó porque el IMSS accedió a brindarle los datos sobre un familiar, pero anunció que le cobraría 15 pesos por cada hoja de copia certificada.