Para el presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF), Luis González Placencia, 2012 fue un año coyuntural para la ciudad, en el que siguen ocurriendo las violaciones graves a derechos humanos, las injusticias en el sistema penitenciario o la vigencia de los estereotipos discriminatorios como eje de articulación para la relación entre la autoridad y la ciudadanía, en tanto que cobraron notoriedad temas como los derechos ambientales, la movilidad, la gestión de espacios comunes y el ejercicio de la ciudadanía.

Con esta introducción el ombudsman empieza el informe anual que entregó a los diputados de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF), previo a su comparecencia hoy ante el pleno, y agrega que la reforma constitucional en materia de derechos humanos de 2011, aunado al impulso de los movimientos civiles y su combinación con el uso de las nuevas tecnologías de la información, “nos sitúan en una posición –por decirlo de alguna manera– a medio camino entre un pasado definitivo de autoritarismo y rutinas excluyentes y un futuro posible de empoderamiento civil y disfrute universal de derechos, libertades y oportunidades”.

Con el informe anual, el ombudman envió a los legisladores dos documentos más: Situación de los derechos humanos de las mujeres, centrado en la violencia que se ejerce contra ellas desde la comunidad, es decir, la calle, los medios de transporte y otros espacios públicos, así como un balance que define como un mapa de los avances y asignaturas pendientes.

En informe detalla que en el periodo de referencia la CDHDF emitió 20 recomendaciones e inició 7 mil 981 quejas a petición de parte y 148 investigaciones de oficio, 6.4 por ciento más que en 2011. De las 8 mil 129, en 7 mil 871 se determinó la presunta violación de uno o más derechos, en 99 se declaró improcedencia, en 64 incompetencia y 95 están pendientes.

Las principales autoridades mencionadas como responsables son la Secretaría de Gobierno, con 2 mil 576; la Procuraduría General de Justicia, 2 mil 14; la Secretaría de Seguridad Pública, mil 120, Secretaría de Salud, mil 13; Consejería Jurídica y de Servicios Legales, 323; Secretaría de Medio Ambiente, 222; Secretaría de Desarrollo Social, 186, y Secretaría de Transportes y Vialidad, 167.

Las principales garantías vulneradas en los expedientes son derechos de las personas privadas de su libertad, a la seguridad jurídica, a la salud, de víctima o persona ofendida, a la integridad personal, al debido proceso y garantías judiciales, a la libertad y seguridad personal, al trabajo, de la niñez y de petición y pronta respuesta, entre otros.