El arraigo en la ciudad de México será derogado para ser sustituido por una nueva medida cautelar denominada detención con control judicial (DCJ), según se plantea en la iniciativa reforma al Código Penal enviada por el jefe de Gobierno del Distrito Federal, Miguel Ángel Mancera Espinosa.

Ante los titulares de la Asamblea Legislativa, Procuraduría General de Justicia y Tribunal Superior de Justicia y la Comisión de Derechos Humanos, entre otros, dijo que la figura que se propone cumple con los parámetros internacionales de respeto a los derechos humanos, además de que se enmarca en la ruta de la aplicación del nuevo sistema acusatorio que entrará en vigor a partir de 2016.

Lo anterior fue reconocido por el representante adjunto del Alto Comisionado de la Organización de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Jesús Peña Palacios, quien señaló que la abolición del arraigo es un importante paso para la justicia, la seguridad y los derechos humanos de los capitalinos.

También el ombudsman capitalino, uno de los principales promotores de la desaparición de esa medida, consideró que la iniciativa del Ejecutivo local significa un avance sustantivo respecto de otras propuestas, lo que pone al DF adelante incluso en el ámbito federal.

Asimismo, Mancera Espinosa presentó otra iniciativa para abrogar la Ley contra la Delincuencia Organizada para el DF, con la que, subrayó, se da cumplimiento al mandato constitucional de que el combate a ese delito compete exclusivamente a la Federación.

El jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera, conversa con el presidente de la Comisión de Derechos Humanos del DF, Luis González Placencia, durante la presentación de la iniciativa de reforma para derogar la figura del arraigoFoto Guillermo Sologuren

Respecto de la medida cautelar propuesta, el jefe de Gobierno señaló que no se aplicaría en todos los casos; de allí que desde la Asamblea Legislativa se crearía un catálogo de delitos en los que se aplicará.

En su participación, el presidente del Tribunal Superior de Justicia, Édgar Elías Azar, manifestó que la detención con control judicial que se propone tendría duración de cinco días para que el Ministerio Público pueda concluir con su investigación, a diferencia del arraigo, que es de 30 días.

Manifestó que sólo podría ser otorgada por un juez cuando haya riesgo de que el indiciado pueda evadir la acción de la justicia, represente un peligro para la víctima o entorpezca el desarrollo de la investigación al destruir, ocultar, modificar o falsificar elementos de prueba.

Sobre los espacios donde se mantendría a las personas a las que se les aplicaría la medida cautelar, el procurador capitalino, Rodolfo Ríos Garza, no descartó que se siga utilizando el Centro de Arraigos de la dependencia a su cargo, pues, dijo, cumple con todos los estándares en materia de derechos humanos.

De su lado, el presidente de la Asamblea Legislativa, Manuel Granados, manifestó que hay consenso en la Comisión de Administración y Procuración de Justicia para dictaminar ambas iniciativas y buscar que sean aprobadas durante este periodo de sesiones.