Empresas mineras canadienses están violando derechos laborales de trabajadores mexicanos en estados como Guerrero, Veracruz, San Luis Potosí y Durango, denunciaron el Sindicato de Comunicaciones, Energía y Papel de Canadá, el Consejo Nacional de Recursos Humanos en la Industria Minera de Canadá, y la organización United Steelworkers.

Estas agrupaciones enviaron representantes al ejido La Sierrita, en Durango, quienes elaboraron un reporte sobre el comportamiento preocupante de la empresa Excellon Resources en ese estado. En el documento asientan que la empresa no sólo ha traicionado un contrato de arrendamiento con los ejidatarios de la región, sino que, en contra de los que marcan las leyes mexicanas y convenios internacionales, tampoco respeta la libertad sindical de los mineros.

No obstante, estas centrales obreras indican que el caso de Excellon no es excepcional, sino que es un patrón de conducta que se lleva a cabo en varias entidades del país, ya que también tuvieron testimonios de casos de violación de derechos laborales en Chiapas y Chihuahua.

En el documento difundido por la organización Prodesc, estas organizaciones señalan que las las empresas mineras canadienses están teniendo un impacto negativo en los derechos laborales y humanos de los trabajadores y comunidades mexicanas. Esto es porque incluso ha despedido mineros por quererse afiliar a sindicatos independientes.

También informaron que van a actuar desde Canadá con diversas acciones para visibilizar la lucha de los mineros mexicanos de diversas regiones. Incluso van a valorar diversas estrategias, ya que muchas centrales obreras contribuyen a fondos de pensiones que tienen acciones en compañías mineras de ese país.

En el mismo sentido, representantes de la asamblea ejidal de La Sierrita asistirán el próximo 30 de abril a Toronto, Canadá, para presentarse en la reunión anual de accionistas de Excellon Resources, y evidenciar lo que llamaron las malas prácticas empresariales que lleva a cabo la compañía en México.

David Espinoza, presidente del comisariado de La Sierrita, consideró que el ejido, como propietario de más de 600 mil acciones comunes de la empresa, tiene el derecho de asistir a las reuniones de accionistas y realizar propuestas de cambio sobre el desempeño de la actual administración. Dijo que para la próxima asamblea propusieron que la empresa debe informar de todas las reuniones que ha mantenido con funcionarios federales y estatales del gobierno mexicano, y los acuerdos que han tomado: integrar al consejo un experto imparcial en derechos humanos, y garantizar la independencia entre la presidencia de la junta directiva y la gerencia.