El pleno de la Cámara de Diputados aprobó la reforma a la Ley General de Víctimas, que obliga a cualquier autoridad a aplicar el principio de máxima protección a quienes sufran un delito provocado por la violencia o de la violación a sus derechos humanos por parte del Estado.

En la tribuna, la diputada Rocío Corona (PRI) afirmó que la nueva redacción considera protección especializada para quienes han perdido un familiar ‘‘o han sobrevivido al horror’’. También el diputado Tomás Torres (PVEM) sostuvo que la aprobación de esta norma se debe principalmente a que el Estado no ha cumplido con uno de sus principales objetivos, garantizar paz y tranquilidad a los ciudadanos, y esto ha derivado ‘‘en la maldita impunidad’’.

De tal forma, el documento, enviado al Ejecutivo federal incluye el concepto de víctimas potenciales para las personas cuya integridad física o derechos peligren por prestar asistencia a otra víctima, ya sea por impedir o detener la violación de derechos o la comisión de un delito.

Así, la ley establece los derechos de las víctimas directas, indirectas y potenciales con la obligación del Estado para que a través de los tres órdenes de gobierno se garantice y salvaguarden sus derechos, lo que hace aún más fuerte y viable la aplicación de la norma.

Se plantea que son víctimas los grupos, comunidades u organizaciones sociales que hubieran sido afectadas en sus derechos, intereses o bienes jurídicos colectivos como resultado de la comisión de un delito o la violación de derechos.

Y se otorga mayor participación a la sociedad civil y en particular a las víctimas y colectivos de personas afectadas en el diseño de políticas y acciones tendientes a su protección en todas las etapas previstas en la ley. En ese terreno se incorpora la definición de ‘‘hecho victimizante’’, como los actos y omisiones que dañan, menoscaban o ponen en peligro los bienes jurídicos o derechos de una persona convirtiéndola en víctima. Éstos pueden estar tipificados como delito o constituir una violación a los derechos humanos reconocidos por la Constitución y los tratados internacionales, indica.

La reforma al artículo 182-R del Código Federal de Procedimientos Penales tiene por objeto que los fondos de apoyo a las víctimas cumplan con su cometido, por lo que deberán conformarse a través de recursos previstos en el Presupuesto de Egresos de la Federación. Los congresos locales y la Asamblea Legislativa del Distrito Federal deberán prever los fondos necesarios para tal fin.

Las posturas de los legisladores redundaron en que es necesario impulsar la ley, porque ‘‘es un sentimiento que agobia a la sociedad. Al ponerlo en vigencia, daremos al Estado los instrumentos suficientes para esta vindicación a las personas afectadas por atentados contra sus derechos humanos o producto de delitos’’, señaló Ricardo Pacheco, del Partido Revolucionario Institucional.

Lilia Aguilar, del PT, recordó el duelo por las miles de víctimas de secuestro, que fueron ‘‘revictimizadas por el Estado y atacadas por Felipe Calderón. Hoy damos respuesta a una emergencia nacional, a una de las más importantes atribuciones del Estado, que es la protección de las personas, el de las víctimas indirectas y de todos los mexicanos a no olvidar’’.

En su turno, Zuleyma Huidobro, del partido Movimiento Ciudadano, consideró que la ‘‘Ley General de Víctimas debe reconocerse, pero no celebrarse, porque emana de años de dolor, olvido, indolencia y el desamparo de millones de personas en el país. Se creó sobre la desdicha de más de 80 mil familias. Lamentamos que tenga que existir, porque se destrozaron cientos de corazones’’.

Tomás Torres, del Partido Verde, espetó: ‘‘¡La maldita impunidad! Denme la licencia de decirlo así. El objeto del Estado, si no el más importante, la razón es garantizar tranquilidad y paz a los ciudadanos. Primero su vida y sus libertades’’.

Por su parte, la diputada perredista Margarita Tapia refirió los ‘‘ominosos resultados de la guerra de Felipe Calderón contra el narcotráfico. Es necesario hacer más efectiva la aplicación de la ley de víctimas, avanzar a mecanismos de reparación integral del daño conforme a criterios internacionales.

‘‘También es necesaria la reparación a las víctimas de la guerra sucia. Avanzar en el cumplimiento del fondo de la Comisión Interamericana de Dertechos Humanos hacia México. Las medidas de reparación implican no sólo una indemnización, sino la restitución de derechos como educación, salud y la intervención del Estado.’’

En su turno, la legisladora Karina Labastida (PAN) recordó la urgencia de aplicar juicios expeditos y pena proporcional al daño, así como el cumplimiento de una sentencia a quienes vulneran derechos. ‘‘Ni ésta ni ninguna otra ley que pretenda proteger a las víctimas será suficiente si no contamos con jueces que cumplan la ley, que protejan, además de funcionarios con humanidad, conocimiento de la ley y sentido de la justicia’’.