La tasa de homicidios contra adolescentes creció en el país por arriba de la media nacional, al pasar de 11 a 14.6 casos por cien mil habitantes, alertó Juan Martín Pérez García, director de la Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim).

En entrevista, destacó que la violencia contra niñas, niños y adolescentes se elevó en los últimos años a causa de la inapropiada estrategia de lucha contra el crimen organizado durante el sexenio de Felipe Calderón.

La guerra del ex mandatario panista, dijo, hizo mucho más cruda la violencia contra los menores de edad (37 por ciento de la población nacional), prueba de lo cual es que actualmente el crimen organizado focaliza su interés en los jóvenes, niñas y niños con fines de trata y explotación sexual, entre otros delitos que se han convertido en una de sus principales fuentes de ingresos.

Estado omiso en obligaciones

El Estado mexicano también ha sido omiso en su obligación de garantizar los derechos de los menores, motivo por el cual ha crecido la explotación laboral y situación de calle de una gran cantidad de niños y jóvenes que día a día enfrentan solos su sobrevivencia.

El Estado dejó de atender desde finales de los 80 a los menores, al eliminar programas públicos y recortar el gasto social, dijo tras subrayar que mientras Bolivia destina más de 60 por ciento de su riqueza a los niños y adolescentes, México sólo invierte 6 por ciento del producto interno bruto (PIB) en 37 por ciento de su población total. De ese 6 por ciento, 5 se va a educación y salud, y sólo uno por ciento a programas sociales dirigidos a los menores, lo cual explica que no existan mecanismos reales para protegerlos.

Detalló: Tenemos otro problema. Avisamos que estamos a punto de perder el bono demográfico, pues sólo 70 por ciento de los adolescentes termina la secundaria a los 16 años de edad, lo cual es preocupante porque cada año 30 por ciento de los jóvenes ya no podrán ser universitario, lo cual implica que pasará a engrosar las filas de quienes viven en pobreza.

Pérez García dijo que aun cuando las asociaciones civiles estamos subsidiando al Estado, los niños no pueden esperar a que éste asuma su responsabilidad.

Por ello, ahora que se trabaja en la ley para el reconocimiento de los derechos de las niñas, niños y adolescentes, es oportuno que se reconozca tácitamente a la sociedad civil y se nos permita tener presencia paritaria para que junto con el gobierno podamos definir políticas públicas.

Señaló que se requiere contar con un sistema nacional de garantías de derechos a favor de la niñez y de un órgano articulador de los distintos sistemas del gobierno federal (salud, educativo, asistencial y otros) para poder articular las políticas públicas y hacer un diagnóstico sobre las condiciones en que se encuentran los menores de edad, cuya situación de violencia se desconoce en el país.

Dicho órgano articulador, detalló, obligaría a las dependencias y a los estados de la República a entregar información sobre el diagnóstico y el programa nacional sobre violencia contra niños, niñas y adolescentes. Con esto el gobierno atendería la recomendación que Naciones Unidas ha hecho al Estado mexicano y que lamentablemente no ha concretado.

Exigió también que México ratifique el tercer protocolo facultativo de la Convención Sobre los Derechos del Niños, a fin de poder llevar casos de violación de garantías al Comité del Derecho del Niño.