Al dar a conocer el nuevo protocolo de actuación para quienes imparten justicia en casos que involucren derechos de personas, comunidades y pueblos indígenas, el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Juan Silva Meza, sostuvo que ese instrumento pretende ser una herramienta que reconozca las garantías humanas definidas por fuentes jurídicas del derecho internacional, como parte del sistema constitucional mexicano.

Silva Meza subrayó que ello implicará tener una actitud proactiva que permita, entre otros aspectos, garantizar el auxilio de intérpretes idóneos; ampliar criterios de admisión y desahogo de pruebas; admitir la jurisdicción indígena en la resolución de conflictos internos; proteger tierras y recursos naturales de los pueblos originarios, y verificar que los colectivos indígenas sean consultados cuando se adoptan medidas susceptibles de afectarlos.

En su discurso, el ministro manifestó que dicho protocolo no pretende desplazar normas constitucionales por las del derecho internacional, sino ampliar el marco normativo interno en materia de derechos humanos y el diálogo constante entre sus fuentes.

Durante la presentación, el ex relator especial de Naciones Unidas sobre la situación de los derechos indígenas, Rodollfo Stavenhagen, destacó la importancia de la aplicación de dicho protocolo, porque a lo largo de la historia pueblos y comunidades indígenas han sido víctimas de discriminación, exclusión y marginación.

Stavenhagen subrayó la importancia de consultar a las comunidades indígenas, porque el derecho a la consulta previa, libre e informada es uno de los puntos clave en la defensa de las garantías básicas de los pueblos, que ya se encuentra enunciado en el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre sus garantías. Ello ha sido una demanda constante de las comunidades indígenas, particularmente ante proyectos de minería o de represas hidroeléctricas realizados por empresas públicas y privadas.

El ex relator destacó los seis principios básicos del protocolo: no discriminación; autoidentificación; derecho a mantener, desarrollar y controlar instituciones propias; consideración de especificidades culturales; protección especial a territorios y recursos naturales, y participación, consulta y consentimiento frente a cualquier acción que los afecte.

Silva Meza consideró que ahora la voluntad colectiva de los pueblos indígenas tiene mecanismos jurídicos para ser efectivamente protegida, en beneficio de la conservación de los rasgos de identidad que le permitan continuidad histórica y una vida desarrollada de acuerdo con su propia cultura, expresada en formas de vida e instituciones sociales, políticas y económicas.

Finalmente, el ministro consideró que con esta nueva herramienta los juzgadores tendrán elementos que los auxiliarán en la impartición de la justicia a miembros de los pueblos indígenas, preservando su autonomía e independencia judicial.